Odalis Mejía 
SAN FRANCISCO DE MACORIS.- Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Duarte, condenaron a 30 años de prisión a Marlón Martínez, 5 años de prisión a su madre Marlín Martínez y al pago de 20 millones de pesos de indemnización a favor de los familiares de Emely Peguero. El Segundo Tribunal Colegiado, presidido por la jueza María de los Ángeles Concepción e integrado por los magistrados Víctor Inoa y Arelis Camacho C´{aceres, en las motivaciones en torno a la acusación contra Marlon Martínez, expresa la existencia de pruebas contundentes y fehacientes de su participación directa en el hecho de sangre. Hoy/Fuente Externa 7/11/18
Fue aplazado sin fecha fija el conocimiento del recurso de hábeas corpus con el que Marlin Martínez procura obtener su libertad, hasta que el juez de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís decida sobre la recusación de que fue objeto la jueza Arelis Camacho, quien conoce el caso.
Fue condenada por su vinculación en el asesinato de Emely Peguero.
La objeción a la magistrada Camacho fue hecha por los abogados de los familiares de la víctima y el Ministerio Público, bajo el alegato de que participó en el proceso donde fueron condenados Marlin y su hijo Marlon por la muerte de la adolescente embarazada y por supuestamente estar parcializada.
“La Constitución de la República establece que para conocer un recurso de hábeas corpus el juez no puede haber participado en el proceso, y la magistrada (Camacho) actuó en otra instancia de este caso”, dijo José Martínez Hoepelman, abogado de los familiares.
El recurso con el que se procura la libertad de la condenada lo interpuso su abogada Ingrid Hidalgo, argumentò que su cliente ha cumplido nueve meses más de la pena que le fue impuesta y que además está afectada por algunas dolencias de salud.
Martínez fue sentenciada a cinco años de prisión en noviembre del 2018. Posterior la Corte de Apelación de la provincia Duarte le varió la calificación del delito por la de ocultamiento del cadáver de la joven asesinada y le redujo la prisión a dos años.
El Ministerio Público apeló esta decisión ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que no ha fallado. Eso se alegó para aplazar la audiencia que fue virtual.
