Caso Calamar: Tribunal aplaza recurso de apelación de Donald Guerrero y Ramón Peralta

Caso Calamar: Tribunal aplaza recurso de apelación de Donald Guerrero y Ramón Peralta

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó este miércoles el conocimiento de los recursos de apelación interpuesto por los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, principales implicados en el caso Operación Calamar.

La decisión fue tomada por los jueces Rosalba Garib, Teófilo Andújar y Delio Germán, quienes fijaron la próxima audiencia para el 1 de junio, a fin de que les sean notificados los recursos de apelación al Ministerio Público y a los abogados que representan al Estado dominicano, así como a los querellantes.

Con los recursos, Donald y Peralta buscan la variación de la medida de coerción que les fue impuesta el 4 de abril pasado por la magistrada Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Ambos implicados fueron trasladados al tribunal bajo estrictas medidas de seguridad desde la cárcel de Najayo, en San Cristóbal.

Ver: Caso Calamar| Conocen apelación interpuesta por Donald y Peralta

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Se recuerda que los demás imputados en el caso Calamar, entre ellos el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, están bajo arresto domiciliario e impedimento de salida.

El expediente presentado por el Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado por expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

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