A fin de que los abogados tomen conocimiento del expediente de 1,500 páginas, fue aplazada para el día primero de febrero la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los siete oficiales acusados de tráfico ilegal de armas.

Abogados de los imputados aseguraron que estos estaban detenidos desde el martes y no habían recibido ninguna notificación del Ministerio Público sobre el voluminoso expediente.

El general de brigada Bienvenido Cordero Batista; el teniente coronel Félix Francisco Pérez Artiles; mayor Esteban Marrero Ruiz; capitán Francisco Mercedes Medrano; primer teniente Edwin Rafael Almonte Camacho y el primer teniente José Miguel Torres Rodríguez, quienes laboraban en el Departamento de Material Bélico del Ministerio de Defensa, están siendo inculpados por supuestamente aprovechar sus labores administrativas para emitir permisos de importación de más de 200 armas, violando el decreto 309-06 que lo prohibe.

Al coronel del Ejército Pedro Manuel Escarramán, propietario de la armería Inversiones Heptágono, se le acusaba de introducir las armas en el mercado.

Sin embargo los abogados alegan que las armas entraron de manera legal al país y pagaron sus impuestos en la Dirección General de Aduanas (DGA), por lo que no entienden cómo el Estado que cobró los impuestos ahora se retracta.

Aseguran que el Ministerio de Interior y Policía emitió las licencias correspondientes y que en tal caso debería estar sometida esa entidad por cómplice.

Salvador Potentini, abogado de Cordero, dijo que este caso no se trata de una violación a una ley sino a un decreto y que para eso no hay sanción. Entiende que la responsabilidad debería caer sobre quien compró las armas, es decir, Escarramán, pues Material Bélico solo custodia las armas que ya están.