Julio A. Vargas Jiménez 
La Oficina de Atención Permanente de la provincia San Juan aplazó este jueves por segunda ocasión el conocimiento de medida de coerción a los acusados de pertenecer a una banda que se dedicaba a estafar a los programas de subsidios sociales suplantando las identidades de los beneficiarios y clonando sus tarjetas para retirar los fondos de manera fraudulenta.
La jueza Joselín Salcie aplazó la audiencia para el próximo cinco de enero de 2022 para acoger la petición del Ministerio Público de declarar el caso como complejo. Los acusados son Daniel Villegas, alias Pocholo, Cristopher Piña Javier, Ambiorix Encarnación Ubrí, y Rigoberto Solís quienes fueron apresados en varios allanamientos en las provincias Santo Domingo, Santiago, San Juan, por las autoridades del Ministerio Público y el Departamento de Investigación de Crímenes de Alta Tecnología (DICAT).
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Trascendió que la investigación realizada por el Gabinete de Política Social permitió a las autoridades con los señalados como responsables del fraude que ha costado al Estado más de 20 millones de pesos. En los operativos de investigación participaron además, la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), entre otras.
El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, reiteró que se mantendrán vigilantes para proteger los fondos destinados para las personas en condiciones de vulnerabilidad social y someterán a la acción de la justicia a todos los que atenten contra la integridad de los más necesitados y los programas sociales.
Asimismo, Peña informó que los desaprensivos fueron puestos a disposición de la justicia para que estos respondan ante la ley, al tiempo que aseguró que se mantendrán dando seguimiento a las anomalías que refleje el sistema para perseguir a aquellos que quieran apropiarse de los recursos del erario destinados a los más necesitados.
