SANTIAGO (AFP).- La Corte Suprema de Chile aplazó este lunes en una semana el análisis del desafuero del ex dictador Augusto Pinochet, en el proceso por los crímenes de la «Operación Cóndor», que aplicaron las dictaduras sudamericanas en la década de los setenta para eliminar opositores.

   En otra denuncia paralela, la Corte respaldó al juez Serio Muñoz, para que prosiga la investigación sobre el origen de las cuentas secretas que Pinochet mantuvo en el Riggs Bank de Washington, con depósitos que llegaron a ocho millones de dólares.

   El equipo jurídico que defiende al general Pinochet apeló a la Corte Suprema, después que la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó su desafuero el pasado 28 de mayo, en un sorpresivo dictamen de 14 votos en favor y nueve en contra.

   El tribunal debía examinar este miércoles la mantención o no de la inmunidad de Pinochet, pero decidió aplazar la vista de la causa hasta el próximo 18 de agosto acogiendo una petición de su defensa, informaron fuentes judiciales.

   El ex dictador está protegido por un fuero especial que le otorgó el Congreso chileno después de reconocerle su calidad de «ex presidente de la República» (1973-1990).

   Pinochet, de 88 años, se otorgó ese título después del cruento golpe que encabezó el 11 de septiembre de 1973, cuando el presidente socialista Salvador Allende se suicidó en el palacio de La Moneda sometido al ataque terrestre y el bombardeo aéreo de los militares alzados.

   Privado de su fuero, Pinochet enfrenta la posibilidad de enfrentar un juicio por los crímenes atribuidos en Chile a la «Operación Cóndor», que coordinó a los servicios secretos de los regímenes militares sudamericanos para el exterminio de izquierdistas en Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, en la década de los 70.

   Los alcances de este plan también son investigados por el juez español Baltasar Garzón y el magistrado argentino Rodolfo Canicoba.

   En Chile, la investigación se inició en 1998, por la desaparición de más de un centenar de chilenos que fueron arrestados en los países vecinos desde 1973 en adelante.

   Pinochet perdió una vez su inmunidad por el caso de la «Caravana de la Muerte», una comitiva militar que ejecutó a 75 presos políticos sin entregar sus cadáveres a sus familiares, en octubre de 1973, un mes después del golpe que instaló la dictadura.

   Por ese proceso, el juez Juan Guzmán Tapia inculpó a Pinochet como encubridor de los asesinatos y secuestros atribuidos a la «caravana» que recorrió el país por orden suya.

   En julio de 2002, sin embargo, la Corte Suprema lo sobreseyó en este proceso, al considerar que padece una demencia moderada y no está en condiciones de defenderse ante los tribunales.