SAN PEDRO DE MACORIS.- La Corte de Apelación de aquí aplazó ayer para el próximo jueves 18 el caso seguido contra la presentadora puertorriqueña de televisión Laura Hernández, su esposo Marcos Irizarry y otros seis boricuas, para decidir en torno al pedido de nulidad de la sentencia de primer grado que los encontró culpables de traficar con 70 kilos de cocaína.

Hernández, condenada a siete años y 50 mil pesos de multa, así como los demás acusados, alegan que la sentencia fue elaborada en base a las intercepciones telefónicas y fílmicas de vídeo que consideró ilegales por no ser autorizadas por un juez.

La presentadora puertorriqueña hizo su petición a los magistrados doctores Marcelina Hernández Japa, presidenta de la Corte; José Manuel Glas Gutiérrez, José Joaquín Paniagua Gil e Isabel Castillo, a través de su abogado Cándido Simón Polanco, quien consideró que la sentencia debe ser declarada nula y sin ningún valor ni efecto jurídico.

A juicio del doctor Polanco este es el momento de la Corte decidir la validez o no de las intercepciones telefónicas y las grabaciones hechas al grupo de puertorriqueños acusado de traficar 70 kilos de cocaína.

Sostiene la acusada que se determinó que varias de las intercepciones telefónicas no tenían la autorización de un funcionario judicial competente.

Dijo que si se acoge la petición de nulidad de la sentencia, la Corte debe declarar ilegales todas las intervenciones telefónicas y fílmicas presentadas como prueba por el Ministerio Público en el proceso.

La sentencia que condenó a Laura a siete años de cárcel; a su esposo Marcos Irizarry, sus compatriotas Antonio Rodríguez Morales y Jorge Ortiz Batista a 15 años y al pago de 250 mil pesos de multa, fue pronunciada la madrugada del 25 de junio de 2003, por el juez de primera instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, doctor José Raúl Corporán Chevalier.

La sentencia abarca a Edwin Adam Cotto, a 10 años de prisión y cien mil pesos de multa; a Arod Ley III, a siete años y 50 mil pesos de multa; Karla Michel Morales, Heidee Madé Romero a cinco años y 50 mil pesos de multa.

El abogado de la defensa de Ortiz Batista, doctor Julio César Cabrera Ruiz, dijo que se hace imprescindible que la Corte determine la validez o no de las intercepciones telefónicas y las fílmicas para saber el rumbo que deberán proseguir los abogados de los procesados.

Cabrera Ruiz calificó de mamotreto las supuestas pruebas que tiene el Ministerio Público fundamentadas en grabaciones de intercepciones telefónicas.

Altagracia Guzmán y Oscar Antonio Canto, abogados de Marcos Irizarry, coincidieron en que con esas grabaciones se cometieron violaciones a principios constitucionales.