Hoy 
El Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo aplazó para el 11 de noviembre próximo el conocimiento del Recurso de Amparo interpuesto por el ciudadano Allan de Jesús Tiburcio Andrikson en contra del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), porque esa organización le negó informaciones sobre el uso de los fondos públicos y privado que maneja.
El juicio pautado para las 9:00 de la mañana de hoy fue pospuesto alegando que faltan documentaciones para avalar el sometimiento hecho por Tiburcio Andrikson y la defensa del partido blanco.
El PRD designó para su defensa cuatro abogados especialistas en las áreas Contencioso, Tributario y Administrativo.
El director de Asuntos Legales del PRD, Salín Ibarra, dijo estar de acuerdo con que los ciudadanos demanden informaciones a los partidos políticos, y sobre todo relativas al manejo de los recursos públicos que estos reciben.
Por tales razones, recomendó al PRD habilitar la plataforma y estructura adecuada para facilitar el libre acceso de la información pública.
Dijo que el PRD no lo ha hecho bajo la dirección de su presidente Miguel Vargas porque esa organización se encuentra inmersa en convenciones.
Para el dirigente perredeísta hacer cumplir la ley general 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública es importante para la transparencia de las entidades que manejan fondos públicos.
Consideró que el PRD debe ser un modelo de transparencia desde la oposición para cuando llegue al gobierno asuma ese mismo comportamiento.
Sobre el recurso de Amparo. Tiburcio Andrekson es un ciudadano de 45 años de edad y licenciado en Administración de Empersas. Interpuso un recurso de Amparo acogiéndose a lo dispuesto por la Ley General 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. Hizo la solicitud al PRD el pasado 10 de septiembre y hasta el momento la única respuesta que ha recibido del PRD es que se perdió la carta que él había enviado para hacer el pedido de información.
La carta fue recibida por Yaneli Ozuna, secretaria de la Casa Nacional del PRD.
El ciudadano ya había demandado información a unas 100 instituciones públicas. El 50% de las instituciones obtemperó a su requerimiento.
La ley 200-04 fue una iniciativa del entonces senador del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Tomás Peréz. Fue aprobada y promulgada en el 2004 y su reglamento en 2005.
