POR DIEGO PESQUEIRA
La Suprema Corte de Justicia aplazó para el próximo primero de febrero la audiencia para conocer la solicitud de extradición de Quirino Ernesto Paulino Castillo y dio un plazo de tres días a la defensa para conocer la documentación presentada por la justicia de Estados Unidos acerca de tráfico de drogas.

La decisión de la Cámara Penal que aplaza el conocimiento del pedido de extradición de Paulino Castillo, estuvo sustentada en un pedimento de la procuradora adjunta Gisela Cueto, quien solicitó la traducción de una declaración jurada del fiscal estadounidense David Berarnidelli, en la que se implica a Paulino Castillo en otro caso.

La nueva acusacion fue entregada a la Procuraduría General de la República horas antes de iniciar la audiencia, razón por lo que no se había traducido el documento.

El plazo para los abogados defensores Carlos Balcácer y Félix Olivares empieza a correr tan pronto reciban la traducción por parte de la Suprema Corte.

Al escuchar la petición de la doctora Cueto, quien estuvo acompañada del también procurador adjunto Idelfonso Reyes, las personas presentes en la sala de audiencia, los abogados y el propio Paulino Castillo, reaccionaron sorprendidos, puesto que se planteaba un incidente que aplazaría el proceso de extradición.

«Estamos presentado este documento y proponemos su traducción al español», precisó Cueto.

En tanto que la doctora Analdy Alcántara, abogado que representa los intereses de Estados Unidos, también acogió el planteaminto del ministerio público.

La solicitud también fue apoyada por los abogados de la defensa, quienes empero dijeron que se trataba de incidentar el proceso.

Paulino Castillo fue apresado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) el 18 de diciembre, luego que se decomisaron los 1,387 kilos de cocaína en la autopista Duarte próximo a Los Alcarrizos, bajo la alegada vigilancia del teniente coronel Lidio Arturo Nin Terrero y el chofer Tirso Cuevas Nin.

Tres días después del decomiso de la droga, Estados Unidos inició el proceso de extradición de Paulino Castillo. El acusado fue llevado a la sala del tribunal a las 9:15 de la mañana y los jueces subieron a estrado a las 9:55 para dar inicio a la audiencia a las 10:00 de la mañana.

Cuarenta y cinco minutos después los jueces Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Dulce Rodríguez, Edgar Hernández y Víctor José Castellanos, aplazaron la audiencia para el día primero de febrero.

La Cámara Penal de la Suprema cuenta con un plazo de 45 días para emitir una decisión en relación al pedido de extradición.

DEFENSA

Los defensores Balcácer y Olivares dijeron que les resultó extraño la presentación de la nueva acusación, aunque aseguran que no les sorprende, puesto que entienden representa un nuevo capitulo a lo que definieron como una «película».

Además, Olivares, se quejó de que a la fecha no han podido articular los medios de defensa de su cliente en cuanto a la solicitud de extradición, la cual definió como confusa e inconsistente.

Dijo que les extraña sobremanera que el ministerio público quiera seguir escribiendo un nuevo capítulo de la «novelita montada por la unidad antinarcóticos de la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York».

Explicó que utilizaba el término «novelita», porque la “affidavit” o declaración jurada, que se pretende sumar al proceso es de un fiscal David Berarnidelly.

Manifestó que este fiscal plantea que alegadamente existe una conversación de fecha 22 de diciembre pasado con una persona apodada El Don.

«Pero hay un dato que nosotros queremos dejar por sentado y es que el señor Quirino Ernesto Paulino Castillo no tiene alias ni apodos. Este apodo se lo ha querido poner específicamente la DEA», precisó.

Alegó que el apodo de El Don fue filtrado por la DEA para poder establecer una identidad entre su cliente y la persona que ellos teóricamente le han interceptado llamadas en el país en relación a transacciones de drogas.

Agregó que resulta cuestionable que llamadas cuya autenticidad y fiabilidad no se puede establecer sean admitidas por la justicia dominicana como fundamentos de un pedido tan grave como es la extradición.

Estas alegadas evidencia no pueden influir en la extradición de una persona que tiene un proceso abierto y pendiente en el país.

Olivares alegó que no tiene en su poder ninguna de las grabaciones que según las autoridades relacionan a su cliente con hechos delictivos.

«Solamente tenemos las afirmaciones del fiscal del Distrito Nacional, quien ha mantenido secuestrado y bajo reserva ese aluvión de evidencias», indicó.

Manifestó que en virtud de los artículos 95, 290 y 291 del nuevo Código Procesal Penal y el artículo 8 de la Constitución, se debe asegurar y garantizar el derecho de defensa.

«Se ha secuestrado institucionalmente a nuestro cliente y se lleva un proceso ex parte», precisó.