Hoy 
El Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplazó hoy para el 30 de octubre el conocimiento de la medida cautelar interpuesta por cinco envasadoras de Gas Licuado de Petróleo de la empresa Propagas contra Pro Consumidor.
Según Pro Consumidor, De León Salazar aplazó para el 30 de octubre el conocimiento del proceso en rechazo a una solicitud de la parte recurrente, en el sentido de que se hacía necesaria la celeridad del proceso, desconociendo que se violentaba el debido proceso porque no se completó la notificación de los intervinientes voluntarios y forzosos (La FENATRANO Y DIGENOR) en el caso.
En ese sentido, durante la audiencia la abogada Miriam Paulino, interviniente voluntaria de las Asociaciones de Consumidores, planteó la necesidad del aplazamiento porque las partes, incluyendo a intervinientes voluntarios, están obligadas a saber las intenciones de quienes participan en el proceso.
En cumplimiento de la Ley, Pro Consumidor logró embargar las cuentas de las cuatro envasadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por RD$8 millones 699 mil pesos, al negarse a pagar las multas por venta irregular del carburante, sostuvo Pro Consumidor.
Agregó que las plantas, de la empresa PROPAGAS, están ubicadas en el kilómetro nueve de la autopista Duarte, Los Girasoles, Santiago y Jarabacoa.
La primera fue multada con 500 salarios mínimos equivalente a dos millones 558 mil 500 pesos, por tener once dispensadores alterados de 16 que hay en la planta; la segunda con 50 salarios mínimos, 255 mil 875 pesos; la tercera con 511 mil 750 pesos, la cuarta, con 511 mil 750, enfatizó.
La entidad estatal explicó que de las once envasadoras que Pro Consumidor multó las únicas que no han consagrado el pago son las de PROPAGAS, que se ha rehusado pagar por la irregularidad cometida en perjuicio de los consumidores, lo que motivó que se le embargara las cuentas bancarias.
Pro Consumidor está representada en el caso de las medidas cautelares interpuestas por Propano y Derivados (Propagas) por su consultor jurídico, licenciado Félix Pujols y los abogados Reyna Matos, David La Hoz y Joaquín Zapata; así como por los abogados Miriam Paulino y Jesús Colón como intervinientes voluntarios en representación de las Asociaciones de Consumidores.
