Aplazan para el 16 de marzo recurso de amparo contra Pro Consumidor

Aplazan para el 16 de marzo recurso de amparo contra Pro Consumidor

El Tribunal Superior Administrativo aplazó para el miércoles 16 de este mes el recurso de amparo contra Pro Consumidor incoado por la Asociación de Bancos Comerciales, la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Ahorro y Crédito.

El tribunal presidido por Yadira de Moya e integrado por Julián Henríquez y Frinet Padilla adoptó la decisión ante una petición del abogado Eduardo Jorge Prats, representante de la Asociación de Bancos y demás entidades financieras que interpusieron el recurso, para que los abogados y representantes de asociaciones que voluntariamente intervienen a favor de Pro Consumidor formalicen y notifiquen su participación a la parte contraria.

Las entidades que deberán notificar su participación en el recurso de amparo son Justicia y Transparencia, Asociación Dominicana por la  Educación y Protección del Consumidor, Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM), a Asociación de Protección a los Derechos de los Consumidores y Usuarios y la Fundación Cordero para la Niñez.

Esas entidades deberán notificar su partición en el proceso a la Asociación de Bancos Comerciales, la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Ahorro y Crédito a través del Ministerial Aneudy Martínez, según disposición del tribunal.

Durante la audiencia cerca de quince abogados presentaron calidades para representar a los consumidores, además del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor ante el recurso interpuesto por las Asociaciones de Bancos en rechazo a registrar sus contratos de adhesión en Pro Consumidor.

Los bancos interpusieron el recurso de amparo ante la negativa de enviar a Pro Consumidor los contratos de adhesión para revisarlos y determinar si existen o no cláusulas abusivas.

A la audiencia se presentaron varias entidades defensoras de los consumidores, así como el abogado independiente Genero Silvestre, quien se presentó calidades en defensa de Pro Consumidor.

Los bancos fueron representados por Eduardo Jorge Prats y Santiago Rodríguez, mientras que Pro Consumidor estuvo representado por los abogados David Lahoz y Félix Pujols, asesor y encargado del Departamento Jurídico de Pro Consumidor, respectivamente.

También defienden a Pro Consumidor los juristas Nanphi Rodríguez y Trajano Vidal Potentini, por la Fundación Justicia y Transparencia; Yvelia Batista participó como Ministerio Público adscrito a la entidad defensora de los derechos del consumidor y usuario.

Las entidades sostienen que Pro consumidor está en el deber de revisar los contratos de adhesión de todas las Instituciones de bienes y servicios y financieros mientras que los bancos consideran que en los que a ellos respecta es una competencia de de la Superintendencia de Bancos.   

Asociaciones apoyan

Más de 30 organizaciones de Federaciones de Consumidores del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y demás provincias del país acudieron a la audiencia de este lunes ante el Tribunal Superior Administrativo para apoyar a Pro Consumidor ante el recurso de amparo interpuesto por las asociaciones de bancos en su resistencia a registrar los contratos de adhesión por ante esa entidad creada mediante al ley 358-05.

 “No podemos dejarla sola, esperamos que a partir de ahora todo este movimiento de asociaciones de consumidores, la Asociación de Educación de Consumidores (Adeproco), Liga Dominicana de Asociaciones de Consumidores, ADECUA, entre otras, son realidad federaciones que van a ir concertando la opinión de toda la población porque somos los que estamos en los barrios para defender a Pro Consumidor”, manifestó Rafael Peguero, representante de LIDACOM.

Peguero dijo que acudieron respaldar a Altagracia Paulino, la mujer que por primera vez ha tomado la bandera de la reivindicación de los derechos de los consumidores amparado en un marco legal que es la ley 359-05 de Protección de los Derechos de los Consumidores y  Usuarios y la Constitución de la República.

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