Hoy 
POR TANIA HIDALGO
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó ayer para el próximo lunes 19 de febrero el conocimiento el recurso de amparo presentado por Ramón Báez Figueroa en contra del Banco Central.
El tribunal, presidido por la magistrada Sarah Veras e integrado además por Ingrid Fernández y Tania Yunes, tomó la decisión, al acoger un pedimento de los abogados del Banco Central, Carlos Salcedo, Ramón Pina Acevedo y José Lorenzo Fermín, de que se le otorgue un plazo de cinco días, para presentar los medios de pruebas que pretenden hacer valer en audiencia.
En la resolución, las magistradas indican que los abogados del Banco Central y de la firma de auditores BDO y Asociados, “deben dejar ante la secretaría del tribunal constancia de que efectivamente las notificaciones y comunicaciones fueron realizadas a la contraparte previo al conocimiento de la audiencia, a los fines del tribunal verificar que ha sido respetado el debido proceso en el presente caso”.
De igual manera, los jueces autorizaron el retiro de la sala de audiencia de los representantes del Ministerio Público, por no tener participación en el conocimiento del recurso de amparo, de índole constitucional.
Báez Figueroa, a través de sus abogados Marino Vinicio (Vincho) Castillo, Juárez Castillo Semán y José Antonio Columna presentaron un recurso de amparo con el cual buscan que el Banco Central entregue copia fiel del borrador de auditoría de la liquidación de los activos y pasivos del Banínter.
Indican los abogados que la no entrega de este borrador de auditoría por parte de las autoridades monetarias, representaría una violación a las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Constitución, el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 4 de la ley Monetaria y Financiera.
La presidenta de la Cámara Penal del juzgado de primera instancia, Ramona Rodríguez, apoderó al tribunal del recurso de amparo, luego de que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se inhibiera de conocerlo.
Agrega la instancia depositada por Báez Figueroa en el tribunal, que mientras el Banco Central reclama US$74, 280, 355,448.57 como supuesto perjuicio en el proceso que se le sigue a Báez Figueroa, al mismo tiempo le comunica a éste que no ha concluido la auditoría de la liquidación de activos y pasivos del banco, que debería ser la lógica base de la reclamación civil y, más aún, “que el borrador se encuentra en fase de discusión entre los auditores y el querellante, suprimiéndole el derecho a nuestro cliente a obtener el acceso a una prueba tan importante a su favor y negándole que pueda participar y ofrecer las informaciones de lugar acerca del trabajo de auditoría”.
