POR TANIA HIDALGO
Nuevamente anoche a las nueve fue aplazado para hoy a las 9:00 de la mañana el juicio preliminar contra los quince funcionarios, sindicalistas y empresarios acusados de estafar al estado en la aplicación del plan de Renovación de Vehículos del Transporte de Pasajeros (Plan Renove).

Una serie de incidentes matizaron la audiencia de ayer, en la cual el juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró inadmisible la querella presentada por el  presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, en contra de varios de los inculpados.

El juez Alfredo Ríos Fabián tomó la decisión luego de más de cuatro horas de debate entre el ministerio público y abogados defensores, entre ellos Eric Raful, Ingrid Hidalgo, Radhamés Cornielle y Félix Damián Olivares.

El juez argumentó que Hubieres debió presentar la querella en tiempo hábil, es decir antes de que se iniciara el  juicio preliminar.

Agregó además que el sindicalista debía tener un mandato o poder especial de la Federación Nacional del Transporte (Fenatrano) para hacer esa demanda.

No obstante, le aclaró que se puede querellar a titulo personal, no así en representación de la Fenatrano, además de que no notificó a los querellados de la instancia y constitución en parte civil, lo que representa una violación al derecho de defensa.

Una vez escuchada la decisión del juez, el abogado de Hubieres, Tomás Castro, manifestó que se reserva el derecho de completar la querella.

La querella interpuesta por Hubieres ante la fiscalía fue introducida al tribunal por el subdirector del Departamento Prevención contra la Corrupción (Depreco), Otoniel Bonilla, los procuradores adjuntos, Francisco García y Ernesto Mena y el fiscal adjunto Jhon Garrido.

El ministerio publico había señalado que la acusación presentada por Hubieres cumple con los parámetros del Código Procesal Penal, ya que todavía se estaba conociendo el juicio preliminar.

Otro incidente, se produjo cuando el abogado Ángel Fidias Santiago Pérez, de la oficina de abogados de Félix Damián Olivares, quien representa en el tribunal al israelí Sam Goodson, se querelló en contra del ex presidente del Plan Renove,  Pedro Franco Badía y compartes, así como contra Hubieres.

Minutos después el abogado Santiago Pérez desistió de la querella, tras alegar que en un receso se percató de que su vehículo fue rodeado por seguidores de Hubieres, por lo que temía por su vida.

Esto provocó un enfrentamiento entre el ministerio público y el abogado Damián Olivares, quien alegó que el abogado Santiago Pérez había renunciado de su oficina, tras García alegarle que se trataba de una componenda para retrasar el proceso, debido a que poseen pruebas suficientes en contra de los inculpados.

En ese sentido Bonilla pidió a los abogados de la defensa que cuando se refirieran al ministerio público lo hiciera con argumentos válidos.

«El ministerio Público ha probado su acusación, por lo que no necesita a Hubieres ni a nadie para sustentar su acusación», dijo.

Previamente, Olivares señaló que la fiscalía creó una oficina «express» para tramitar la querella depositada por Hubieres.

Los abogados defensores señalaron que Hubieres debió estar en el banquillo de los acusados ya que fue mencionado en la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas que detectó presuntas irregularidades.

El dirigente sindical presentó el pasado lunes una querella contra Franco Badía, Fabio Ruiz, Milcíades Amaro Guzmán, Diógenes Castillo, Antonio Marte, Gervasio de la Rosa, Ramón de la Cruz, Felipe Santiago Rodríguez, San Goodsom, Johny Morales, Héctor Manuel Evert García y en contra de cualquiera otra persona que en el curso del proceso resultaren con responsabilidad penal en el querellamiento y acusación.

El sometimiento presentado por Hubieres, se produjo tres días después de que el juez Ríos Fabián lo excluyera de la lista de testigos aportados por la Procuraduría General de la República, en el juicio preliminar que se le sigue a los implicados en el Plan Renove.

Hubieres sostiene en la querella que entregó al Consejo del Plan Renove valores para cubrir cuotas de iniciales de autobuses de sus afiliados y pagos de placas, pero que sin embargo, Amaro Guzmán y Fabio Ruiz, entre otros, no aplicaron estos recursos a los que estaban destinados, ni los devolvieron a sus dueños, ni han rendido cuentas del uso dado a los mismos.

INTERROGAN A MARTE

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte (Conatra), Antonio Marte, pidió al juez Ríos Fabián que disponga su envío a prisión, en caso de encontrar en su contra indicios de corrupción.

Sostuvo, empero, que si se determina durante el juicio preliminar que el sometimiento presentado por el Departamento de Prevención Contra la Corrupción (Depreco),  es político, sea enviado a su casa por no haber cometido los hechos que se le imputan.

«Juro señor magistrado que no tengo un sólo peso del Renove, pero si me encuentran culpable envíeme a la cárcel, de lo contrario, si la querella es política, envíeme a mi casa, pero que se haga justicia», enfatizó Antonio Marte.

El sindicalista Antonio Marte, quien perteneció al Consejo del Plan Renove, culpó al gobierno de desatar una persecución en su contra por haberse opuesto a la construcción del Metro.

Dijo que  no le teme a nadie ni a nada, porque no ha robado y que todo cuanto tiene es el producto de un trabajo arduo junto a su familia, ya que desde muy joven ha estado ligado al transporte, en donde empezó manejando un camión cargado de carbón de su propiedad.

El sindicalista se desligó de cualquier irregularidad del supuesto fraude de RD$1,800 millones.

Dijo que CONATRA tiene 125,000 afiliados y ha pagado al Renove más de RD$270 millones por la compra de 2,300 vehículos.

Calificó como un disparate la auditoria realizada por la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, por entender que no se ajusta a la realidad.

Agregó que en los años 80 compró un minibús en RD$12,000, a raíz de lo cual le fueron abriendo créditos en los bancos y fue adquiriendo otros vehículos hasta convertirse en empresario, y es propietario de Aetra Bus.

El juez Ríos Fabián advirtió a los abogados que de ninguna manera iba a permitir que el caso continuara demorándose con interrupciones e incidentes que no están contemplados en el Código Procesal Penal, y que si en ocasiones permitió uno que otro incidente, lo hizo por entender que el derecho a la defensa es sagrado y está en primer lugar.

Además de Marte fue interrogado Milcíades Amaro Guzmán, quien también se desvinculó de las acusaciones.

Esta es la sexta audiencia que se realiza como parte del conocimiento del juicio preliminar seguido a los acusados del Plan Renove.