LA PAZ (AP).– El gobierno de Estados Unidos ha pedido mayor «claridad’’ al presidente Evo Morales y aplazó una reunión con autoridades bolivianas tras conocer un anuncio de los cocaleros de expulsar a organismos estadounidenses del Chapare, la mayor región productora de coca en el centro de Bolivia.

Fuentes de esa misión diplomática informaron a la AP que la reunión bilateral con autoridades que conducen la lucha contra las drogas debió realizarse el miércoles pero fue suspendida hasta tener mayor claridad de las resoluciones adoptadas por los campesinos en su congreso, que finalizó el martes.

Los productores de coca conminaron al gobierno de Estados Unidos a dejar de «imponer’’ y «condicionar’’ sus políticas antidroga a Bolivia y advirtieron con expulsar a organizaciones estadounidenses si no es escuchada su demanda.

«Si es que siguen imponiendo y condicionando vamos a pedir al gobierno la expulsión de los organismos de Estados Unidos que trabajan en el Chapare’’, informó el miércoles a la AP el dirigente Asterio Romero.

Pero el propio mandatario salió al paso del pedido de los labriegos que lo reeligieron como a su líder.

«Es importante que tengamos relaciones internacionales, todos tienen derecho a estar en el país respetando la soberanía y a los pueblos. Tenemos que tener relaciones bilaterales’’ dijo Morales el miércoles durante un discurso con altos mandos de las fuerzas armadas.

El asunto motivó contradicciones en el gobierno. El presidente del Senado, Santos Ramírez desmintió al portavoz presidencial Alex Contreras quien había declarado que «se tendrá que dialogar con el gobierno de Estados Unidos para ver la mejor forma de que esas instituciones (estadounidenses) que han cumplido su ciclo, puedan abandonar’’ el Chapare.

«No es la posición oficial del gobierno. Se ha especulado sobre ese tema. Hay un montón de pedidos de los sectores sociales, pero yo creo que el estado boliviano debe ser respetuoso de sus convenios bilaterales’’, dijo el legislador.

También el ex cultivador de coca y ahora diputado, David Herrada matizó el pedido campesino. «Los cocaleros deben entender que hay convenios internacionales que se deben mantener’’, dijo.

El gobierno estadounidense financia gran parte de los programas de lucha contra el narcotráfico y la coca ilegal, así como los proyectos para sustituir esa planta por otros cultivos, pero su política de eliminar la coca excedente ha tropezado con la resistencia de los labriegos.

Aunque en los últimos años la ayuda de Estados Unidos ha ido disminuyendo este año alcanzará a los 80 millones de dólares y el próximo podría bajar más. Hace unos días el embajador estadounidense David Greenlee manifestó su preocupación porque la erradicación de coca está casi paralizada.

Informes oficiales estiman que hay 27.700 hectáreas de coca de las cuales 12.000 son legales y están destinadas a usos medicinales, alimenticios y rituales de amplia práctica en este país.

Entre las principales organismos estadounidenses que operan en Bolivia está la agencia antidrogas (DEA), el Programa de Desarrollo Alternativo y la Agencia de Cooperación Comunidad, Habitad y Finanzas.

Morales también pidió a sus compañeros no cultivar más de 1.600 metros cuadrados de coca por cada afiliado a los sindicatos cocaleros como la mejor estrategia de lucha contra el narcotráfico y de apoyar a su administración. Pero los labriegos pretenden subir ese cupo.