El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el martes 15 de agosto la revisión de la medida de coerción impuesta contra la denominada neurocientífica Elizabeth Silverio, quien cumple la medida en el penal para mujeres de Najayo.

El abogado de Silverio, Cándido Simón, aseguró que otra corte declinó el hábeas corpus ante el juez actual, y que su defendida cuenta con los arraigos para que se varíe la decisión del 24 del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, que la envió por tres meses de prisión tras ser señalada por el Ministerio Público de estafa, usurpación de funciones y violación a la Ley General de Salud 42-01 por ejercer sin el debido exequatur en su rol como directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland.

Simón puntualizó que la salud de Silverio ha mejorado.

Silverio fue detenida la tarde del pasado miércoles 21 de junio de este año, luego de varias horas de allanamientos tanto en su residencia, ubicada en Prados Oriental 3, en Santo Domingo Este, como en las instalaciones del Centro de Terapia Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland en donde ofrecía sus servicios.

Supuestamente consultaba a niños

Aunque la autodenominada neurocientífica, Elizabeth Silverio, ha negado en reiteradas ocasiones que ha ofrecido consultas médicas a los niños con diferentes condiciones especiales que los padres llevaban a tratarse a su Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagogías Kogland, el Ministerio Público encontró documentos en su residencia que certifican que la dama sí consultaba y hasta diagnosticaba, según detalla el expediente del órgano acusador que justifica la solicitud de medida de coerción.

«La imputada Elizabeth Silverio Silien, en la cual estafaba a los padres y, valiéndose de la vulnerabilidad de los niños, los cuales evaluaba, diagnosticaba condiciones psíquicas, hiperactividad, violencia o trastornos, por lo que como consecuencia de dichos trastornos les indicaba la aplicación de los programas, conforme al síndrome o limitación físico-motora que los niños presentaban, emitiendo informes, recomendaciones, referimientos a profesionales de la salud (…)», asegura el brazo acusador de la Procuraduría General de la República.

A esto, según la página 6 del expediente, se suman múltiples denuncias realizadas por los familiares que tenían sus vástagos inscritos en Kogland, quienes, de acuerdo al Ministerio Público, manifestaron fueron estafados, «toda vez que en su gran mayoría pagaron el año escolar completo, y hoy no cuentan con esos fondos».

El documento, de poco más de 30 páginas, indica que 11 supuestas víctimas ofrecieron sus testimonios contra la «eminencia de la neurociencia», como le llamó la periodista Nuria Piera en uno de sus reportajes en los que detalló que la dama no está profesionalmente capacitada para ejercer la medicina y que, además, presuntamente tiene títulos falsos.

Las pruebas con las que cuenta el Ministerio Público contra la imputada son 63. Las autoridades alegan que Silverio violó la Ley 42-01 General de Salud, el artículo 405 del Código Penal; el artículo 12 de la Ley 136-03, sobre el Sistema de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, y el artículo 62 de la Ley General de Educación, la 66-97.