MARIO MÉNDEZ
m.mendez@hoy.com.do
A  pesar del revuelo creado en torno a la aprobación de la nueva Ley de Electricidad y su reglamento, su aplicación ha quedado en el limbo, especialmente en lo que tiene que ver con la criminalización del fraude.

Representantes del sector energético consultados sobre el retraso en la aplicación de una ley y de un reglamento tan importantes y debatidos, dijeron no explicarse las razones que han motivado que esas piezas no se estén aplicando

La aprobación de esa ley y de  su reglamento era una exigencia del Fondo Monetario Internacional, que condicionó la aprobación de la séptima revisión del acuerdo a que se cumpliera con esa condicionalidad.

Ante el incumplimiento, hay quienes perciben que la razón de la aprobación era simplemente cumplir con una formalidad ante el FMI, y no hacer uso de un instrumento que contribuye a la solución del grave problema financiero que representa el sector eléctrico para el país.

Los subsidios para ese sector representarán en presente año unos 21 mil millones de pesos.

Aunque en el acuerdo con el FMI se planteó desde el principio el desmonte de este subsidio, en vez de bajar ha aumentado significativamente.

Para conseguir el apoyo para la aprobación de la nueva Ley de Electricidad, se había planteado que la aplicación de la misma contribuiría a corregir la situación que obliga al Estado a otorgar un subsidio tan alto a ese sector, en desmedro de la inversión social y en infraestructuras que necesita el país.

La Ley 186-07 daba un plazo de 90 días a partir de su  promulgación para la  entre en vigencia del nuevo marco de disposiciones penales  establecidas en los artículos 124 y 125 de la misma. Disponía que la Superintendencia de Electricidad y la Procuraduría General de la República tienen la obligación, durante ese plazo, de publicar la presente ley, organizar por los medios de comunicación apropiados campañas de difusión y explicación de sus contenidos, así como exhortar a todos los clientes o usuarios del servicio eléctrico que se encontraren en situación de ilegalidad o irregularidad a corregir esa práctica.

Además, la Ley establece que es un compromiso del Estado dominicano velar y asegurar el mantenimiento de las condiciones indispensables para el desarrollo económico del país, implantando los mecanismos necesarios para que todos los sectores de la nación contribuyan efectivamente a ese desarrollo.

Con el incumplimiento de la Ley de Electricidad y de su reglamento, se repite una constante en el comportamiento de los actores públicos y privados, de elaborar leyes para resolver problemas vitales del país, que luego no se aplican. “Aunque hubo muchos escarceos para la aprobación de la nueva ley eléctrica y de su reglamento, lo que ha ocurrido pone en evidencia que en la República Dominicana lo difícil no es ponerse de acuerdo para aprobar una ley, sino su aplicación”, dijo una persona  ligada al sector eléctrico consultada. Mientras tanto, áreas como la educación y la salud esperan que el déficit del sector eléctrico sea resuelto para que el Estado le preste atención. .

ANTECEDENTES

Agosto del 2003

Entra en vigencia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, después de la crisis financiera, estableciendo como una de las metas una reforma estructural del sector eléctrico.

Septiembre del 2003

Unas semanas después de entrar en vigencia el acuerdo, su aplicación es suspendida por la compra de las distribuidoras operadas por la Unión Fenosa.

Enero del 2004

Entra en vigencia de nuevo el acuerdo, estableciendo como una de las principales metas la reforma del sectorla reducción del déficit. Es  suspendido por incumplimiento de la meta fiscal y luego es restablecido.

Enero 2008

Termina la vigencia del acuerdo, sin haber logrado reducir el déficit. del sector eléctrico.