Nadar en el mismo sentido de la corriente es cosa fácil, sin embargo, mantener los principios personales sobre los cuales se fundamenta lo que somos aunque esto implique quedarnos solos, es cosa de seres superiores, pues tal y como estableciera Platón “un hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre”.

Las honorables juezas del Tribunal Constitucional Isabel Bonilla y Katia Miguelina Jiménez votaron en contra de la sentencia TC/0168/13 que versa sobre la nacionalidad de dominicanos descendientes de haitianos.

La magistrada Isabel Bonilla fundamentó su posición, argumentando entre otras cosas, que el principio de irretroactividad de la ley significa que ésta opera hacia el porvenir y no puede afectar las consecuencias jurídicas anteriores a su puesta en vigencia. Es decir, la ley se aplica en forma inmediata y hacia el futuro, no puede afectar la existencia de hechos, actos o efectos jurídicos derivados de una ley anterior, salvo que la nueva ley resulte más favorable para el que esté subjudice o cumpliendo condena.

Del mismo modo la magistrada Katia Miguelina Jiménez estableció que la sentencia incurre en manifiesta contradicción cuando al afirmar que el acta de nacimiento de Juliana es irregular y que no le corresponde la nacionalidad dominicana, se “proceda a someter dicho documento al tribunal competente, tan pronto como sea posible, para que este determine su validez o nulidad”. Entre las causas que originan tales contradicciones está el hecho de que el Tribunal Constitucional ha resuelto cuestiones de legalidad ordinaria estando apoderado de un recurso de revisión de sentencia amparo. Las posiciones de ambas magistradas no sólo se corresponden con la verdad, sino también con el interés supremo de respetar los derechos de los seres humanos, sin importar su nivel socio-económico.