Esta administración ha sido meticulosa en el cumplimiento de las metas y los calendarios para las reformas estructurales en los dos programas económicos con el FMI. Sin embargo, los economistas de la oposición insisten en apostar a un incumplimiento y por supuesto la ruptura con ese organismo multilateral.

En enero del 2005, cuando la economía dominicana presentaba los primeros síntomas de recuperación tras la debacle del 2003, este Gobierno suscribió un primer stand-by por 28 meses y las autoridades pasaron exitosamente ocho revisiones cumpliendo con todas las metas fiscales, las monetarias y el cronograma de acciones relacionadas con las reformas a la administración fiscal y al sector financiero. El SBA fue sumamente exitoso y contribuyó a una recuperación sorprendente de la estabilidad, con altas tasas de crecimiento (8% promedio anual), superávit presupuestario en el 2007, sin embargo el choque de los precios del 2008 y la recesión global del 2009 obligaron a suscribir otro stand-by por 28 meses a partir de octubre de 2009.

De nuevo las autoridades reiteran su compromiso con el mantenimiento del crecimiento con estabilidad y en el actual acuerdo se han cumplido todas las metas y las reformas en cuatro revisiones, y en los próximos días de este mes de julio el Directorio del FMI conocerá y aprobará la quinta y sexta revisiones.

Tanto en el primer programa como en el actual, a pesar de las cifras falsificadas que presenta la oposición antes de cada revisión, el Gobierno ha cumplido con todas las metas fiscales, especialmente la correspondiente al déficit, y cuando se ha presentado alguna desviación, pequeña por cierto, se ha originado en mayores subsidios al sector eléctrico.

Este Gobierno, contrario a lo que pregona el principal partido opositor, ha manejado sus finanzas dentro del marco del programa con el FMI, tanto en termino del déficit como del nivel de endeudamiento, y eso le ha permitido reducir el déficit del gobierno central desde 3.4% del PIB en el 2009 a 2.4% del PIB en el 2010 y la meta para este año, nos coloca en apenas 1.6% del PIB, uno de los más bajos de la región y varias veces menor a los países del G-20; mientras el proceso de consolidación fiscal está en marcha y al cierre del 2010 la relación deuda total del sector público no financiero en relación al PIB es de 28.7%, también uno de los menores de la región y en el entorno donde el FMI califica de sostenibilidad fiscal.

Un Gobierno responsable de los compromisos frente al FMI en dos programas, que además con responsabilidad ha asumido el costo político de ajustar los precios de los combustibles frente al choque petrolero y someter un paquete impositivo, contrasta la incapacidad de la administración perredeísta del actual candidato que no pudo cumplir con las metas en dos revisiones sucesivas, se rompió el acuerdo y eso significó mayor inflación, devaluación y descalabro en la clasificación crediticia del país.

En un partido que las encuestas lo presentan con la posibilidad de ganar en primera vuelta, si las elecciones se realizaran ahora y con una serie de presupuestos que el tiempo se está encargando de modificar, no se entiende que los economistas de esa organización sigan apostando al fracaso del programa cuando a ellos, en caso de ganar las elecciones, les conviene recibir una economía estable para así poner en ejecución la multitud de promesas que está realizando el candidato.