Apostar a la institucionalidad

Apostar a la institucionalidad

EDUARDO JORGE PRATS
Quienes siempre han apostado a la arbitrariedad y al autoritarismo, de izquierda y de derecha, se regocijan cuando leen las noticias y encuentran como caen abatidos los paradigmas de la democracia y el Estado de Derecho en los Estados Unidos, nación que siempre se vendió al mundo como el país de la democracia y de la libertad. Que el gobierno del país exportador del constitucionalismo al mundo hoy justifique la tortura a unos seres que ni son prisioneros de guerra ni son seres humanos, que intervenga los teléfonos sin autorización judicial, que socave el Derecho Internacional con su guerra infinita y con su unilateralismo radical y que, en fin, recorte las garantías constitucionales de las personas, es motivo más para oponerse a la construcción del Estado de Derecho y a la consolidación institucional en Dominicana y el resto de los países de nuestra América.

Pero ocurre que los valores de la democracia y el Estado de Derecho no son de monopolio exclusivo de nuestros vecinos del Norte. No. Se trata de valores universales que, así como fueron expandidos a las provincias los de la Roma imperial, pueden ser hoy reinvindicados por todas las naciones del mundo que quieren vivir en un orden con libertad y en una democracia de derechos. Por eso, en la actualidad, la tarea de construir un orden más justo y liberal debe ser acometida con la conciencia clara y la convicción firme de que el Derecho y la institucionalidad son un legado de todas las naciones del orbe.

Para los dominicanos, la misión de construir un país más justo, más seguro y más institucionalizado es de vida o muerte. Como país, no tenemos el tamaño ni la potencia económica para darnos el lujo de vivir fuera del Derecho y contra el Derecho. La ley es la mejor arma de toda nación pequeña y de todo país débil. Por eso, juridificar la acción estatal no es un simple ideal de ilusionistas y creadores de imágenes virtuales sino que es de la esencia de todo programa serio que pretenda la inserción exitosa de la República Dominicana en un mundo crecientemente globalizado e integrado.

No podemos pretender prolongar en el tiempo un Estado que no respeta los derechos de las personas ni su seguridad jurídica porque ello impide atraer, mantener y aumentar la inversión nacional y extranjera. No podemos seguir con un Estado que no licita sus obras públicas ni sus adquisiciones pues ello nos expulsará definitivamente del esquema del DR-Cafta. No podemos seguir soportando un país de creciente inseguridad en las calles y en los barrios porque ello espantará para siempre a turistas, inversionistas y dominicanos. No podemos perpetuar el clientelismo que arropa al Estado y a los partidos porque ello hará colapsar para siempre el sistema democrático dominicano. No podemos seguir irrespetando los derechos sociales de los dominicanos porque con esta omisión de la finalidad principal del Estado dejamos de invertir en el activo más importante de todo país que son sus recursos humanos, recursos que, por demás, son los que nos permitirán competir globalmente con mano de obra cualificada.

Como se puede observar, la apuesta por el Derecho, los derechos y la institucionalidad no es una cuestión utópica sino que es de puro interés de subsistencia como economía, pero sobre todo como nación. Si queremos ser un estado exitoso como Costa Rica y no un estado fallido como Haití debemos, definitivamente, asumir la tarea de construir este país más justo, más seguro y más institucionalizado. Y esa asunción debe ser compromiso no solo del Estado y de los políticos sino de toda la sociedad.

Este es el sentido de nuestra propuesta legislativa como candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Social Demócrata. Debemos apostar por el desarrollo, la institucionalidad y la gobernabilidad. Y lo debemos hacer, juntos todos, ciudadanos y empresarios, políticos y Estado, no solo porque con ello hacemos realidad el sueño de nuestros padres de la patria sino porque ello es cuestión de pura subsistencia económica y de conservación de nuestra integridad como nación. Si no lo hacemos, el futuro será el de las yolas y el de la definitiva pérdida de nuestra soberanía.

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