El desalojo de la producción agropecuaria del Parque Nacional de Valle Nuevo y la prohibición del desguace de barcos en los ríos Ozama e Isabela son decisiones que pueden considerarse audaces en un país como este, en el que se rinde culto a la impunidad y es endeble el régimen de consecuencias. Las resoluciones que disponen estas medidas son oportunas y necesarias para reparar los pasivos que se derivan de las operaciones que se desarrollan en ambos enclaves ambientales de gran importancia para la preservación de la biodiversidad.
El Poder Ejecutivo ha designado el 2017 como “Año del desarrollo agroforestal”, una condición para cuyo logro es necesario contar con condiciones ambientales adecuadas, que permitan una explotación racional y sostenible de los recursos naturales. En el caso de Valle Nuevo, la rentabilidad económica de un puñado de productores compromete la producción de agua para el resto de la población, y eso riñe con un auténtico desarrollo agroforestal.
Por otro lado, el saneamiento de los ríos Ozama e Isabela, que reciben volúmenes asombrosos de vertidos contaminantes, no podría lograrse si se mantuviera el desguace de barcos en sus cauces. Aquí también los perjuicios para las mayorías son un múltiplo de los beneficios de grupos minoritarios. Apostemos por darle carácter irreversible a estas medidas. Ni un paso atrás.

Un pésimo factor de calidad

Mientras la improvisación y la impunidad sigan dominando el aparato que debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, el país estará a merced de asaltantes, sicarios, traficantes de drogas, rateros y demás malhechores. Mientras haya una policía mal pagada y sin recursos técnicos suficientes, no saldremos de la paranoia, el encierro y el temor. Son tantos los policías que se involucran en actos delictivos que la gente desconfía de la institución en pleno, y tiene razón.
Hay que hacer cambios profundos y urgentes para adecuar el aparato de seguridad pública a las crecientes necesidades de protección de la sociedad. Hay que invertir lo suficiente en reparación, equipamiento, supervisión y logística. Mantener la seguridad obliga a garantizar condiciones de trabajo y salariales dignas de estos tiempos.