Higüey,  La Altagracia.   El obispo de la Diócesis de   La Altagracia, monseñor Nicanor Peña, dijo que está de acuerdo con el anteproyecto de modificación a la Ley 72-02 Sobre Lavado de Activos provenientes del narcotráfico, para que la incluyan entre las instituciones beneficiarias de los bienes decomisados luego que se produzca el fallo en los tribunales.

El proyecto, sometido por la Procuraduría General de la República a la Cámara de Diputados, contempla que la  Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Consejo Nacional de Drogas (CND) reciban cada una un 25% de los referidos bienes.  Asimismo, que se asigne un  15% a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan en  prevención del consumo de drogas y un  10% al Ministerio de Deportes.  

 “Yo creo que la PGR y sus fiscales, como  responsables de la investigación de esos casos, deben recibir el 25% de los bienes, al igual que la DNCD y el CND, tal y como fue propuesto, con el fin de que puedan sustentar los trabajos de la reforma penitenciaria que desarrollan a nivel nacional”, declaró.

Insistió en que esos fondos deben distribuirse equitativamente para que la Procuraduría pueda crear programas de reeducación.