POR DIEGO PESQUEIRA
La Suprema Corte de Justicia se convertiría en juez y parte en la jurisdicción de tierras en caso de aprobarse el proyecto de Ley de Registro Inmobiliario, puesto que en sus artículos 11 y 12 sustituye al abogado del Estado por una comisión presidida por un miembro del poder Judicial, afirmó ayer la abogada adjunta del Estado ante el Tribunal de Tierras.

En tal sentido, la doctora Mayra Henríquez Díaz, apoyó la decisión del Senado de revisar el proyecto de Ley de Registro Inmobiliario antes de aprobarlo, tras alegar que existen vicios inconstitucionales en el proyecto que actualmente está depositado en el Senado.

Afirmó, además, que es imposible que se pretenda suprimir el cargo de abogado del Estado, desplazando al poder Ejecutivo de sus atribuciones como jefe del ministerio público y encargado de hacer cumplir las leyes y coloca en su lugar a otros poderes del Estado.

Calificó de prudente la acción del presidente del Senado, Andrés Bautista, de suspender el conocimiento de la pieza en segunda lectura, hasta tanto varios sectores, incluyendo el abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras.

Henríquez Díaz alegó que el primer proyecto presentado no tenía aspectos que afectaban al Abogado del Estado, pero que posteriormente fue cambiado, dejando al ministerio público sin funciones ante el Tribunal de Tierras.

«Este anteproyecto se constituye en violación a la Constitución en varios aspectos, principalmente en lo referente al ministerio público ante el Tribunal de Tierras», precisó.

Dijo que de manera inexplicable se traspasa a una comisión encabezada por la Suprema las funciones del ministerio público.

«Este proyecto sería inconstitucional porque elimina al abogado del Estado como tal y lo convierte en sus atribuciones en una comisión, representada por tres miembros, uno del poder Ejecutivo, otra del Congreso y como dirigente uno de la Suprema, tribunal que se convertiría en juez y parte», apuntó.

Explicó que en consecuencia, sería la Suprema Corte que ejecutaría las decisiones del Tribunal de Tierras, no el ministerio público.

Reiteró que es correcto que el Senado espera las opiniones de los distintos sectores antes de aprobar el proyecto de Ley de Registro Inmobiliario.

«En sentido general el proyecto es bueno, porque moderniza, pero hay aspectos que deben ser modificados y es por eso que se ha paralizado el conocimiento en segunda lectura», precisó.

La abogada adjunta señaló que se depositó una propuesta de modificación ante el Senado, que entre otras cosas, plantea la creación de la Unidad Móvil de Prevención de las Invasiones u Ocupaciones de Terrenos de Registrados.