Hoy 
POR FERNANDO QUIROZ
La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad (CTI), que integran 27 organizaciones, planteó ayer «su más decidido apoyo» a la posición del procurador general Francisco Domínguez Brito en el caso del Banco Intercontinental (BANINTER).
La Coalición comunicó que apoya el requerimiento del procurador Domínguez Brito para que la Cámara de Calificación que conoce la apelación que envía a un tribunal criminal a los acusados «del colapso fraudulento» del BANINTER agilice el conocimiento del caso.
Exhortaron a las autoridades a que inicien todas las acciones que sean pertinentes para someter a la justicia, previa investigación, a los funcionarios responsables que desde el sector público permitieron por negligencia o complicidad la crisis bancaria.
También, para procesar a aquellos que agravaron la crisis con decisiones que violaban manifiestamente las disposiciones legales vigentes.
Dijeron que el colapso de los bancos BANINTER, Banco Nacional del Crédito (BANCREDITO) y Mercantil ha devenido en una enorme devaluación del peso, además de altas tasas de inflación con un gran impacto negativo sobre el nivel de vida de los sectores de clase media y baja.
«No debe olvidarse que para cubrir parte de dicho colapso bancario el Estado dominicano ha recurrido a elevar la carga impositiva indirecta que a final de cuentas debe ser pagada por todos los consumidores sin distinción», expresan las organizaciones.
Al mismo tiempo, agregan, que se ven limitadas las posibilidades de elevar el gasto social a los niveles requeridos para aliviar las carencias de los sectores más empobrecidos.
Por tales motivos entienden muy acertada la posición del procurador cuando plantea que, como jefe del ministerio público y representante de la sociedad, es su deber velar porque los procesos iniciados contra los responsables del colapso bancario no permanezcan estancados en los tribunales.
«Las organizaciones de la CTI suscribientes, dejan constancia de su total respaldo al señor Procurador General en su propósito de que los casos señalados sean llevados hasta las últimas consecuencias, estableciendo las responsabilidades de lugar», precisan.
Se mostraron confiados en que esta vez no prevalecerá la impunidad y se aplicarán las sanciones que correspondan.
Las organizaciones firmantes son Participación Ciudadana,Consejo Nacional de la Empresa Privada, Fundación Institucionalidad y Justicia, Centro de Educación Ecológica y la Asociación de Jóvenes Amantes de la Paz.
También, el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales Acción Comunitaria Para el Progresos, Centro Dominicana de Asesoría e Investigación Legal, Ciudad Alternativa Instituto Dominicano IDDI.
Igualmente, la Red de Organizaciones Social Comunitarias Municipio Santo Domingo Norte, Red Municipal de Mediadores Comunitario de la Fiscalía, Unión de Juntas de Vecinos De Sabana Perdida; Comisión Nacional de los Derechos Humanos, filial Sabana Perdida.
Asimismo, la Junta de Vecinos Los Altagracianos, Junta de Vecinos Villa Blanca Primera, Junta de Vecinos Villa Blanca Segunda, Junta de Vecinos Bello Amanecer, Junta de Vecinos El Milloncito, Junta de Vecinos las Damas de Inespre, Junta de Vecinos Marañon Primera, Club Deportivo Libertad, Club Hermanos Rojas Alou y el Consejo de Unidad Popular.
