LA PAZ, (AFP) – El llamado de seis de los nueve gobernadores bolivianos a radicalizar la resistencia contra el presidente Evo Morales complica el panorama en el país, con marchas a favor y en contra de la reforma agraria y tensión en torno a la Asamblea Constituyente.

Los gobernadores de Santa Cruz, Beni, La Paz, Cochabamba, Pando y Tarija decidieron romper su relación con el Ejecutivo y acusaron al mandatario de “propotencia política” por imponer sus reglas en la Asamblea Constituyente y por querer fiscalizar sus acciones a través del Congreso, de mayoría oficialista.

El bloque de gobernadores, que convocó para este lunes a la oposición política, a organizaciones civiles y al empresariado agropecuario -contrariado con Morales por su política de reversión de tierras improductivas en manos de privados- consideró peligrosa la fiscalización que pretende el Ejecutivo.

   “Esa iniciativa busca poner las cabezas de estas autoridades electas democráticamente en manos de la mayoría que detenta el partido de gobierno en el Congreso”, denunciaron en un aviso que publicaron el domingo pasado.

   Por lo tanto, los gobernadores opositores resolvieron “romper la relación con el Poder Ejecutivo” hasta que revea su posición.

   En un primer efecto práctico, los gobernadores no asistirán a las reuniones que convoque el presidente.

   A pesar de esa arremetida, Morales envió este mismo lunes al Congreso el anteproyecto de ley de fiscalización de gobernadores, todos ellos electos en diciembre pasado.

   “Todas las autoridades tenemos que rendirle cuentas al pueblo boliviano”, explicó Morales para justificar la medida.

   “Esta iniciativa no tiene ninguna mala intención sobre nuestros prefectos (gobernadores). El gran deseo que tengo es que nuestros prefectos no sean acusados falsamente de corrupción”, apuntó.

   El proyecto de fiscalización de Morales se inscribe en momentos en que las provincias de Tarija (sur) y Santa Cruz (este) multiplican sus ingresos en al menos cinco veces por regalías de la producción de hidrocarburos.

   Los gobernadores también expresaron su molestia por la decisión del oficialista partido MAS (Movimiento al Socialismo) de imponer con su mayoría la fórmula de aprobación de la nueva Carta Magna en la Constituyente.

   El viernes pasado el MAS aprobó en dicha Asamblea -sin participación de la oposición- que los acuerdos a que se logren se aprueban por el 50% de los votos, lo que permitiría al gobierno establecer una Constitución sin necesidad de pactar con otras fuerzas.

   La oposición reclama que las decisiones se tomen por dos tercios en un órgano que cuenta con 255 miembros.

   Una decena de constituyentes de la centroderechista Unidad Nacional, del empresario Samuel Doria Medina, se mantiene en huelga de hambre para “defender los dos tercios”, dijo uno de los huelguistas Arturo Murillo.

   “Estamos llevando al país entero al precipicio del enfrentamiento”, denunció también en alusión a la retahíla de marchas y contramarchas que se dirigen a La Paz por causa de la reforma agraria que teje Morales.

   Ese es otro punto en discordia. Esta semana el Senado (donde hay control de la oposición) debe debatir una ley de tierras que es rechazada en el oriente del país. Las presiones sobre el Senado son tan grandes que la oposición pidió trasladar la sede de las deliberaciones senaturiales a cualquier ciudad fuera de La Paz.

   El Ejecutivo garantizó sin embargo plenas garantías para que los debates se realicen en su sede legal de La Paz y se pueda tratar la ley de tierras ya aprobada por Diputados, controlado por el MAS.

   Los empresarios de Santa Cruz, la región más rica del país, ratificaron la realización de una marcha el martes para manifestar su oposición al proyecto de Morales.

    En tanto, columnas de miles de marchistas indígenas y campesinos a favor de la reforma continúan su avance hacia La Paz desde las localidades de Villa Tunari, en el centro del país, Sica Sica, en el altiplano boliviano y desde los Yungas, unos valles agrícolas.