En momentos en los cuales se develan algunos de los actos de corrupción del pasado gobierno, que involucran hermanos y cuñados del Expresidente Medina, los cuales representan la punta del iceberg de una corrupción generalizada, surgen esperanzas de que como nación se puede forjar un estado de derecho con fortaleza de las instituciones y quizás el inicio sea el conjunto de medidas planteadas la semana pasada por el Presidente Luis Abinader.

A dos días del Juez José Alejandro Vargas dictar medidas de coerción a los implicados en el caso anti-pulpo, el Presidente Abinader se dirigió al país presentando una serie de propuestas dirigidas a mejorar la transparencia, fortalecer los mecanismos de vigilancia para enfrentar la corrupción y en sentido general fortalecer la institucionalidad que fue gravemente erosionada por el pasado gobierno.

El Presidente plantea un portal de transparencia donde el ciudadano encontrará todo tipo de informaciones de interés, modificar las leyes de acceso a la información pública, de compras, la Cámara de Cuentas y la de Contraloría.

También una ley de publicidad estatal, un código electoral, una ley especial para sancionar la corrupción administrativa, una comisión de revisión y reestructuración de programas de asistencia social que deberá presentar en 90 días un anteproyecto de ley para crear un organismo que gestione y supervise todos los programas.

El Presidente dispuso la creación de un Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Publico presidido por la Dra. Milagros Ortiz Bosch, Directora de Ética Gubernamental, y como Secretario Ejecutivo a Carlos Pimentel en su condición de Director de Compras y Contrataciones e integrado por varias instituciones relacionadas con la ejecución y el control presupuestario, así como crear una sección anti-fraude en la Contraloría General

Con la finalidad de garantizar en el futuro la independencia del Ministerio Publico el Presidente propone una reforma constitucional para que el Procurador General sea electo por un cuerpo apartidista, aumentar las consultas populares vía referendo, y mecanismos “que blinden el texto constitucional de cualquier intento de convertir las aspiraciones personales en norma constitucional sin tomar en cuenta la estabilidad democrática e institucional”.

Las leyes por si solas no son el remedio, especialmente cuando no se cumplen; tenemos el ejemplo de la “Reforma de la Hacienda Pública” promulgada entre 2006-2007, con una

serie de leyes que con su cumplimiento se evitarían los actos de corrupción, pero fueron inobservadas, especialmente la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.

“La democracia necesita de un pueblo comprometido con los valores supremos que esta encarna y de un gobierno y una arquitectura institucional que le den un desarrollo pleno”.

Tenemos como sociedad que empoderarnos de estas reformas, que son la arquitectura que mencionó el Presidente, no podemos dejarlo solo porque voces cercanas le van a decir, de hecho lo admitió el mandatario, que no reduzca el papel del Poder Ejecutivo; de seguro le aconsejaran que no vaya tan rápido, que sea más flexible y pragmático

Aparte de las metas de enfrentar con éxito la pandemia sanitaria y económica, el mayor legado, el más histórico y trascendente del Presidente Abinader, será sentar las bases para que en el país funcionen las instituciones, como lo dijo en su discurso del 9 de diciembre: “No se puede hablar de una democracia fuerte si las instituciones no funcionan, porque ellas son la garantía de que los intereses colectivos no sean suplantados por los particulares”.