El Gobierno ha eliminado subsidio a transportistas. Independientemente de la torpe manera de hacerlo por su afán de pretender provecho mediático a todo, inclusive lo adverso, debe ser apoyado; especialmente por opositores siguiendo la admonición del prestante político de la Segunda República española Manuel Azaña: “para que haya un buen Gobierno tiene que haber buena oposición”.
Al apoyarlo, la oposición se revestiría de autoridad moral para demandar manejo racional de finanzas públicas contrario a gastos politiqueros clientelistas y manejos inescrupulosos. Y disposición de revestirse de autoridad ante el chantaje y provocación de alteraciones al orden público.
Esto así ante evidencias de trasiego de combustible subsidiado para venderlo como si tributaran, provocando competencia desleal, desórdenes escenificados por luchas grupales, chantajes afectadores de competencias y competitividad económicas, imposición de tarifas y rutas perjudiciales a la ciudadanía.
La reacción opositora debería ser aplaudir la disposición y suponerla enmarcada, para ser justos y equitativos, en próximas correcciones fiscales y políticas de transporte.
Y así exigir: Que se eliminen privilegios similares concedidos a otras empresas y en precios de combustibles que el Estado fija impidiendo competencia beneficiosa para consumidores; el destino de excedentes producidos por la conversión del otrora subsidio eléctrico en impuesto administrativo originados en diferencias entre precios de compra-venta de energía que ha llegado hasta US$7 centavos/kwh; los subsidios sociales perpetuadores de la pobreza para convertirlos en asistencia financiera para superarla; el gasto abultado por una burocracia improductiva administrada contraviniendo leyes como la de Función Pública y Reorganización del Estado. Y todas aquellas disposiciones que por comisión u omisión afectan la competencia y competitividad de nuestra economía.
A propósito de competencia y competitividad, eliminar subsidios debe imprescindiblemente acompañarse de políticas de transporte procurando mejores servicios y menores costos para beneficio de la economía y ciudadanía que contemplen entre otras disposiciones: estimular inversión privada en unidades masivas de transporte, eliminar controles de rutas y tarifas por burocracia susceptible y estigmatizada de corrupción, estudiar formas para reducir demandas de transporte como horarios y emplazamientos de focos generadores de transporte, instituir compensación obrero empresarial deducible del ISR por transporte.
Las autoridades no deben temer adoptar estos y otros correctivos aun cuando se manifiesten estimulación de protestas. Las pasadas elecciones evidenciaron que la influencia popular de transportistas es desproporcionada a su bravuconería. Y que ostentar poder en beneficio de grupos genera mayores antipatías sociales: ¡Quién sabe cuántos votos contrarios genera cada acción arrogante del gremialismo!
Claro está que lo aquí sugerido tuviera menor riesgo de resistencias y fuera más expedito de ser pactado social y políticamente.
Solo que, lamentablemente, el Gobierno no evidencia voluntad seria para ello.