No son pocas las familias del país -integradas en promedio por cinco miembros- sin adecuados techos propios, sabiéndose que globalmente faltan 1,200,000 unidades con un 60% de los alojamientos que ellas ocupan en condición deplorable. Acelerar la provisión de viviendas de interés social es meta alcanzable a través de las facilidades crediticias que acaba de disponer la Junta Monetaria al colocar a disposición del público, por vía de la banca comercial, RD$21,424.4 millones provenientes del encaje legal, o reserva de liquidez, para adquisiciones y construcciones. Una inyección de recursos para un sector productivo golpeado inicialmente por la pandemia del covid-19 y las subsiguientes convulsiones globales que inmovilizaron capitales por alzas importantes en el costo del dinero.
El protagonismo del Gobierno para mejorar en alguna medida las condiciones habitacionales de sectores de bajos ingresos se queda corto ante un vacío de alojamientos dignos en el que caen anualmente entre 50 mil y 60 mil familias adicionales y la meta más ambiciosa de este Gobierno solo llegaría a 17 mil en cada año de su gestión.
El país como un todo, compuesto por lo público y privado, está retado a contener el proceso de marginación social que hace crecer cinturones y bolsones de miseria dentro de límites de ciudades muy pobladas y que además se manifiesta en villorrios carenciados que nacen de la noche a la mañana para aproximarse al auge de las inversiones turísticas.