WASHINGTON. Apple Inc. se apresta a decirle esta semana a una jueza federal que su disputa con el FBI para desbloquear los datos de un iPhone encriptado debería ser decidida por el Congreso y no por la justicia, según se enteró The Associated Press.

Apple también argumentará que el pedido del gobierno de Barack Obama para ayudarle a acceder a los datos del teléfono en cuestión en la investigación federal del ataque en San Bernardino es improcedente según una ley del siglo XVIII —la Ley de Todos Los Recursos de Amparo— que ha sido utilizada para presionar a las compañías que asistan a las agencias policiales.

Un abogado de Apple, Theodore J. Boutrous Jr., anticipó a The Associated Press algunos de los argumentos que planteará en el caso. El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, también ha insinuado la estrategia de la empresa.

De prosperar, la iniciativa de Apple trasladaría el debate entre el derecho a la privacidad y la seguridad nacional al Congreso, donde Apple, una de las empresas de tecnología más respetadas del mundo, ejerce una influencia más considerable.

Apple invirtió unos 5 millones de dólares en cabildeos ante el Congreso el año pasado, sobre todo en cuestiones de impuestos y derecho de propiedad. Algunos legisladores prominentes mantienen posiciones encontradas acerca de si las demandas del gobierno en este caso son excesivas.

La jueza Sheri Pym en California ordenó la semana pasada a Apple crear un programa especializado para ayudar al FBI a acceder a los datos de un iPhone utilizado por un agresor en la matanza colectiva en diciembre en San Bernardino, California.

Syed Farook y su esposa, Tashfeen Mali, mataron a 14 personas en una fiesta de una oficina inspirados en parte por el grupo extremista Estado Islámico.

“El gobierno busca realmente presionar a los tribunales para que hagan lo que no han podido persuadir al Congreso que haga”, dijo Boutros en una entrevista con The Associated Press.

“Es para dar mayor autoridad a fin de que el Departamento de Justicia inspeccione los dispositivos, que tenga una puerta trasera de entrada a los dispositivos y sencillamente la ley no suministra dicha autoridad”.

El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, objetó esta semana que el Congreso sea el que decida la cuestión.

Agregó que la jueza “dictaminó a favor de nuestra agencia policial” después de evaluar los argumentos de Apple y del FBI.

Apple todavía no ha hecho ninguna presentación en el caso debido a que el Departamento de Justicia solicitó a la magistrada que dictaminase antes de que Apple tuviera una oportunidad de objetar.

“Remitir cuestiones complicadas al Congreso no suele ser el mejor modo de obtener una respuesta rápida”, afirmó Earnest. “De hecho, aun formular algunas de las cuestiones más básicas al Congreso no siempre asegura una respuesta expeditiva”.

En síntesis, Apple se propone argumentar que la ley de 1789 nunca se ha utilizado para obligar a una compañía a desarrollar un programa para ayudar al gobierno.