Bruselas.- Las multinacionales tecnológicas estadounidenses Apple y Google recibieron este martes sendos varapalos de parte de la Justicia europea, que confirmó en dos sentencias que ambas deben pagar sanciones multimillonarias por eludir el pago de impuestos, la primera, y por abuso de posición dominante, la segunda.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto los dos procesos judiciales que ambas compañías tenían abiertos contra las decisiones de la Comisión Europea que obligaban a Apple a devolver 13.000 millones de euros en Irlanda por haber disfrutado de una ventaja fiscal selectiva, e imponían una multa a Google de 2.424 millones de euros por favorecer a su programa de compras Google Shopping en detrimento de sus rivales.

«Es una gran victoria para los ciudadanos europeos y la justicia fiscal», afirmó la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Margrethe Vestager, en una rueda de prensa en la que reivindicó su trabajo durante los últimos diez años, en los que ha estado al frente de la poderosa cartera de Competencia en la institución comunitaria.

Vestager reconoció que su departamento ha asumido «riesgos legales» en su cruzada para garantizar que las grandes tecnológicas, sobre todo estadounidenses, actúen dentro de la Unión Europea en igualdad de condiciones con sus competidores, pero avisó de que Bruselas seguirá actuando en la misma línea.

«El mensaje es que lo seguiremos haciendo, seguiremos persiguiendo abusos de posición dominante e iremos a por ellos», auguró Vestager a pesar de que no repetirá en el equipo de la alemana Ursula von der Leyen para los próximos cinco años.

Aunque es el caso más emblemático, la victoria de la Comisión Europea sobre Apple contrasta con las derrotas sufridas por la institución comunitaria frente a otras multinacionales a las que también acusó de haberse beneficiado de ventajas fiscales prohibidas (llamados ‘tax rulings’) en otros países europeos.

Así ha sucedido, por ejemplo, con Amazon, Engie o Fiat, a los que la Justicia europea ha eximido de devolver en Luxemburgo 250 millones, 120 millones y 30 millones, respectivamente.

Sin embargo, Vestager prefiere mirar el «cuadro general», y subrayó que las investigaciones de Bruselas para perseguir acuerdos fiscales ilegales han provocado cambios legislativos en socios como Países Bajos o Luxemburgo que hacen imposible que hoy se puedan replicar las ayudas fiscales ilegales de pasado.

«Nuestras investigaciones han contribuido a un cambio de actitud en los Estados miembros, que han acelerado reformas regulatorias y legislativas»; señaló Vestager, quien también lanzó a las grandes tecnológicas el mensaje de que «quizá sea mejor ser una empresa cumplidora y estar en el lado correcto».

«Si hay un mensaje es que es más fácil y mejor ser cumplidoras, también porque te desafía a ti mismo y te fuerza a (ser) más innovadora de lo que habrías sido», dijo, también en relación a las investigaciones a grandes tecnológicas contra abusos de posición dominante como las cuatro de Google.

Además de la que ha resuelto hoy el tribunal de Luxemburgo, Bruselas también impuso a Google una multa de 4.340 millones por abuso de posición dominante con Android, que de momento ha sido confirmada por el Tribunal General, y otra de 1.490 millones por abuso en el mercado de publicidad en línea, que también ha sido recurrida por la compañía.

Además, acusó a la compañía estadounidense en 2023 de abuso de posición dominante con sus servicios de tecnología publicitaria («adtech»), aunque en este caso la investigación comunitaria sigue en marcha.

En este caso, Vestager destacó que la sentencia de este martes que confirma la primera de las multas a Google valida el enfoque que ha mantenido la institución en estos últimos años sobre las prácticas en las que empresas dominantes favorecen a sus propios servicios.

La todavía responsable de Competencia del Ejecutivo comunitario remarcó también que esta investigación concreta supuso un «cambio de tornas» e inspiró «una mayor vigilancia y un enfoque más proactivo al regular a las multinacionales tecnológicas (‘big tech’)» en todo el mundo.

«El caso es simbólico porque demostró que incluso las compañías tecnológicas más poderosas podían rendir cuentas, que nadie está por encima de la ley», dijo.

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