Hoy 
Por abrumadores que parecieran los números que han dicho arrojar los sondeos de opinión publicados por diversas firmas en la antesala de la ya inminente reunión de las asambleas electorales, es patente la percepción de una firme tendencia opuesta a la idea de una prolongación de la Administración Medina. Aún cuando la desigualdad de armas en la carrera por la asunción del mando para un nuevo periodo constitucional luce un tanto más allá de lo que de por sí representa enfrentar el proyecto continuista de un mandatario en ejercicio, una ponderación de espontáneas y francas reacciones del hombre de la calle, apunta a contradecir la versión de una abismal distancia entre las dos principales candidaturas.
La inferencia resulta de los índices que aportan estudios de control menos publicitados, sumados a improvisadas consultas en los medios electrónicos.
Según corren las horas gana cuerpo la apreciación de que en cualquier hipótesis el balance de la confrontación sobrevendría en un estrecho margen, cuando menos, lo que suscitaría una segunda convocatoria a elección para el último domingo de junio próximo.
Lo inconveniente en el tramo final de la organización del torneo cívico ha sido la resistencia de que dio notaciones el organismo rector de la materia, en eso de armonizar la innovadora inscripción del escrutinio en la tecnología de punta con la infranqueable observancia de prescripciones de orden legal.
La tardanza en asumir una posición explícita dejó correr la sensación de que se confería prelación a una resolución administrativa en aparente inadvertencia de la obligación legal impuesta para el procedimiento de escrutinio de contar las boletas (en que constan los votos) después de la apertura de las urnas en los colegios electorales y confrontar su número con el de los electores inscritos en el formulario especial de concurrentes.
Lejos de una cabal asimilación de la traumática experiencia que registran las trabas recurrentes a la transferencia ordenada del poder político por veredicto popular democrático, así en el pasado histórico cuanto en el proceso de reivindicación de derechos y libertades públicas posterior a la eliminación de la dictadura de Trujillo, cunden y se propagan todavía los recelos en torno de la pureza del arbitraje comicial.
Hallándose latente en la memoria trances como el que degeneró en el denominado “fallo histórico” en 1978, persiste siempre el temor a las dislocaciones y deliberadas mutaciones de los resultados. Y es que los ardides, trapacerías y añagazas han ido a menudo de la mano de los devaneos reeleccionistas.
Casi siempre aquellos que cedieron a la tentación de perpetuarse en el poder, en algunos casos a costa de eclipsar los méritos de su concurso a la República, tales como Santana y Heureaux, terminaron conjugando el autoritarismo con la corruptela, a un costo de envilecimiento que condujo a restar todo valor a ese otrora rasgo de virtud individual que consistió en la palabra empeñada.
En esa deshonra de la palabra está el germen de la desgracia que padeció la República durante casi 32 años. El 7 de septiembre de 1931, cuando apenas llevaba un año en el poder y en medio de rumores de que buscaría su reelección en 1934, el entonces presidente Trujillo pronunció en Azua un fementido manifiesto anti-reeleccionista. Posteriormente todos sabemos cuál vino a ser la suerte de la vida política dominicana.
¿Seguirá girando el devenir nacional como el retornello de una danza macabra o definitivamente nos decidiremos a cambiar de rumbo?
