Aprender a convivir con la corrupción

Aprender a convivir con la corrupción

MANUEL SEVERINO
NEW YORK.-
Nada nuevo bajo el sol. Para nadie es sorpresa que, apenas juramentados y sin siquiera haberse familiarizado con sus obligaciones oficiales, los funcionarios del gobierno peledeísta se hayan dedicado a formular las más onerosas conclusiones sobre la administración anterior.

Justificadas o no, el simple cambio de gobierno bastaría para explicar y expresar el resentimiento en ellas acumulando ante una gestión gubernamental que, en vez de asumir sus fracasos de manera inteligente y tratar de corregir las fallas posibles de superarse, es decir, de cumplir los compromisos contraídos al inicio mismo de su mandato, se atrevió,  ya tarde, a buscar un nuevo aval que el electorado cotidiana y consistentemente le negaba. Había que estar ciego de toda forma de entendimiento humano para no darse cuenta de que la crisis que acusaba (y aún acusa) el país, había desbordado al gobierno en todos los órdenes de acción y ya parecía un desperdicio de esfuerzo la búsqueda de un nuevo contrato social. El fracaso electoral, era, pues, previsible.

Como ha sido usual tras los cambios de autoridades, había que esperar que sobre la gestión del ex presidente Hipólito Mejía empezaran a lanzarse acusaciones de toda laya. Y que todos cuantos dentro y fuera del gabinete con él compartieron tareas oficiales se vean expuestos a padecer alusiones venenosas, no todas ellas gratuitas y chismosas.

Las exageraciones estarán a la orden del día y no pocos militares rabiosos del partido oficialista se dedicarán a reclamar (y lo hacen con todo derecho) el inicio inmediato del estado de persecución que haría posible la deseada emisión de las órdenes de prisión preventiva de que, según su parecer, se han hecho merecedores todos aquellos que entre el 16 de agosto del 2000 y el 15 de agosto recién transcurrido o eran PPH o formaron parte de manera visible de la nómina estatal. Para empezar, como ya sido sugerido, pública y privadamente, por el ciudadano que hasta esa mismísima fecha encabezó la jefatura del Estado Dominicano.

He dicho «de manera visible» porque siempre que se trata de sumir en el descrédito a políticos rivales raro es que esa pretensión apunte a quienes constituyen lo que se conoce como las bases de un partido, sectores en los que, para decirlo con toda sinceridad, no suelen parecer demasiado de notar los casos de más atraviesa apropiación indebido de bienes o recursos del Estado. Desde luego, es difícil establecer en cuáles niveles (si altos, intermedios o bajos) de ejercicio de funciones o de servicios públicos puede darse un mayor afán de rentabilidad personal. Hay que admitir, sin embargo, que en el común de la gente existe la percepción de que mientras más elevado el cargo que se ocupe  mayores posibilidades deben existir de enriquecimiento ilícito.

Y si hemos de ser concientes de las honduras en que de un gobierno a otro han ido penetrando las prácticas de que las habilidades tramposas se muevan, tanto de arriba abajo como viceversa y en todas las demás direcciones que las tratativas de la audacia puedan inventar según lo dicte la necesidad del caso.

Como en anteriores administraciones, existe la posibilidad de que muchos de los alardes de moralizar lo que se dice está abnegado en la corrupción terminen quedándose en un puro aguaje. puede ocurrir que los mecanismos de acción no funcionen tan efectivamente como seria de desear o que la información de que se disponga no sirva más que para un chisme intrascendente. Y si se trata de una administración demasiado joven que, como ésta, con apenas tres meses de vida, parece actuar como si vegetara sobre las huellas de la anterior, pidiéndosele que por fin despegue, no creo que sea mucho lo que se pueda en lo inmediato hacer para sanear de males tan viejos a los organismos del Estado.

Pero todo ciudadano que se respete, tiene que ver con buenos ojos cualquier esfuerzo de seriedad destinado a castigar, de acuerdo con el mandato de la ley, las prácticas que en las funciones oficiales son utilizadas para provecho personal, de la naturaleza que san, puesto que no solo es dinero lo que reina en un mundo gobernado por el tráfico de influencias. Del mismo modo, ese ciudadano no dejará de lamentar que la corrupción no pueda ser ni mínimamente extirpada del sector público y en ésta y en venideras administraciones tengan que seguir su curso cotidiano sin haber avanzado en la medida en que el conglomerado lo ha estado anhelando. Queda la triste conciencia de que la corrupción coexiste con la honradez aunque se pueda afirmar que en todo el estamento oficial son los funcionarios y simples servidores del Estado realmente honrados que los que no lo son.

De ahí que resulta saludable para el saneamiento de nuestras instituciones públicas, el escándalo causado por la apropiación indebido de vehículos de motor por parte de oficiales (y también) clases de la Policía, que, aunque nadie lo dijo, forma parte de un vasto y muy antiguo andamiaje corrupto que, al menos para mi, que empecé como reportero en los albores del resurgir democrático del país, en los meses que precedieron la elección del Presidente Juan Bosch, ya en esas fechas lo vi manifestarse abiertamente con la mayor impunidad.

Es probable que las presentes generaciones ignoren que a raíz del golpe de estado de 1963, en el que estuvo comprometida directamente la oficialidad superior del cuerpo de orden público, la Policía Nacional fue utilizada mediante prácticas realmente mafiosas para traer al país, sin pagar impuestos, una variedad tan grande de mercancías que en cualquier esquina de la capital era fácil adquirir desde relojes de las marcas más sofisticadas, artículos de vestir, bebidas extranjeras y hasta la perfumería más cotizada.

El colmo de esto fue que el entonces Jefe de la Policía y sus asociados quisieron convertir la intendencia del cuerpo en una compañía comercial, que, de permitírsele que actuara según sus ambiciones, iba a sumir el comercio en general del país en un caos, como ya amenazaba hacerlo. Miembros del alto comercio y de la industria que hasta públicamente se vanagloriaban de haber contribuido a «financiar» el derrocamiento de Bosch, ya pegaban el grito al cielo por la imposibilidad de «competir» con una organización (la fuerza pública) impune y del todo incontrolable.

Por tanto había cundido la corrupción en los organismos del Estado que la Policía, tal como era sabido entonces, no era la única institución del Estado que estaba envuelta abiertamente en la corrupción: el flujo de la mercancía importada ilegalmente también salía a las calles por la gestión abierto a manu miliatri. Algunos colegas llegaron a comprar, ya a mi buenos precios, camisas y corbatas importadas que sólo por obra de tan protegido contrabando podían ser adquiridas por pobres empleados como nosotros. Todo por obra de la corrupción que tenía su origen en los organismos del gobierno.

Según personas bien informadas, lo que entonces ocurría entre uniformados del país, no era nada en comparación con los elevados dividendos que en los niveles civiles del gobierno pasaban a engrosar las cuentas personales de personajes encumbrados, dentro y fuera del Estado. Sin embargo, hay quienes sostienen que en cuanto a corrupción se refiere, en los doce años del primer balaguerato se batieron todos los «récords», y que si bien fue el Estado el principal agente de enriquecimiento como de prostitución de la ley y de las instituciones jurídicas de la nación, no hay que ignorar que miembros del sector empresarial fueron beneficiarios privilegiados de muy costosas prácticas corruptas.

Pero lo que hoy día, sin embargo, importa, es que el gobierno recién inaugurado no fantasee con los usos del poder y trate, con toda seriedad, de garantizarle al país no solo las persecución de los corruptos de la banda contraria, sino también vigilar que los de la propia casa política respeten los bienes del pueblo y no se sirvan de éstos como si fueran un patrimonio de herencia electoral. Y no nos duela admitir que por más empeños que hagamos tendremos que acostumbrarnos a convivir con la corrupción.

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