Hoy 
Si hasta el Presidente Medina se auto-lamentó que él mismo está limitado en recursos cuando llamó al sacrificio que todos habremos de sobrellevar para encarar la situación fiscal que pende sobre nuestra economía, y la vicepresidenta dejó caer una lágrima furtiva ante la compresión de poder que sugiere la disminución de su capacidad convocatoria y/o el cercenamiento presupuestario de sus programas, no es justo ni saludable seguir permitiendo ganancias excesivas a quienes se privilegian de precios en los que el Estado está involucrado; especialmente cuando atañen a explotación del oro que yace en nuestro subsuelo o sectores estratégicos como la electricidad.
Como tampoco es equitativo y razonable que el déficit fiscal sea pagado por la ciudadanía vía tributos, o recortando gastos que algunos consideran necesarios para la estabilidad política, mientras el Estado se involucra en precios causantes de fortunas o fuga de riquezas.
Es el caso de explotación de nuestro oro cuyo precio actual en el mercado excede 50% el asumido en documentos contractuales; y el de la energía, cuyos precios de compra de distribuidoras estatales a generadores privados exceden en 80% el precio de la energía vendida por generadoras estatales.
Obviamente estos excedentes de precios generan ganancias excesivas a favor de empresas mineras y eléctricas en perjuicio de las finanzas y, consecuentemente, de nuestra economía y población.
La diferencia entre precio del oro en mercado y el contractualmente establecido genera excedentes por US$500 millones anuales que el Estado, administrador de nuestro territorio, nada recibe.
El gasto adicional originado en el sobreprecio de la energía pagada por el Estado a través de subsidios supera los US$ 1000 millones anuales. Sumadas ambas cifras se aproximan a la mitad del faltante presupuestario postulado.
La corrección de esto, que está mal, pero muy mal, radica en establecer precios topes para estatizar el excedente de precios del oro en los mercados internacionales con relación al especificado en el contrato de concesión. Y para reducir subsidios de comprar el Estado la electricidad a un precio más aproximado al vendido por sus generadoras.
Incrementar recursos y reducir gastos por vía de precios topes no requeriría, necesariamente, revisar contratos, sobre lo cual muchos abrigan temores. Requeriría simplemente adoptar disposiciones reglamentarias y decisiones administrativas para lo cual existen precedentes y experiencias como la ley de precio tope azucarera y el decreto de contribución voluntaria adoptado por la administración reformista durante los 80s que fijó precios topes a latasa de cambio para operaciones mineras.
Así, apretar cinturones estaría mas justificado al incluir acciones para impedir enriquecimiento excesivo provocado por decisiones u omisiones estatales sobre precios.
