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La aprobación de la reforma fiscal requiere del voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados, lo que se constituye en el principal escollo para convertir en ley ese proyecto del Poder Ejecutivo con la celeridad requerida por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La votación especial es exigida por la Constitución de la República en este caso, puesto que la iniciativa incluye una modificación de la ley de banca.
En su artículo 112, la carta sustantiva de la nación dispone lo siguiente:
«Toda modificación en el régimen legal de la moneda o de la banca requerirá el apoyo de los dos tercios de la totalidad de los miembros de una y otra Cámara, a menos que haya sido iniciada por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Junta Monetaria o con el voto favorable de ésta.»
El proyecto de reforma fiscal, elaborado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y entregado al presidente Hipólito Mejía, fue sometido por el Poder Ejecutivo, pero no como una propuesta de la Junta Monetaria ni con el voto favorable de ésta.
En consecuencia, para su aprobación, la controvertida iniciativa orientada a aumentar las recaudaciones en más RD$22,000 millones en el corto plazo, requerirá del voto favorable de un mínimo de 100 de los 150 diputados y de 22 de los 32 senadores.
La reforma fiscal modifica la ley bancaria a fin de gravar el ahorro de los depositantes.
El proyecto aumenta el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) del 12 al 16 por ciento e incrementa los gravámenes a las telecomunicaciones, a las viviendas suntuarias y los locales comerciales, entre otras medidas.
Además de los dos tercios de la matrícula de ambos organismos legislativos, el proyecto de reforma fiscal tendrá de frente a gran parte de los congresistas de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) que reclaman que sólo sea aprobado junto a un aumento salarial en favor de los trabajadores de los sectores público y privado.
El presidente del Senado, Jesús Vásquez Martínez, sostuvo que la aprobación de la reforma fiscal debe coincidir con un aumento de salarios.
Otros congresistas sostienen que además del aumento salarial, la reforma fiscal debe establecer medidas de compensación en beneficio de los sectores más empobrecidos.
Vásquez Martínez (PRD-María Trinidad Sánchez) dijo que lo correcto es que esas reformas sean lo más consensuadas posible
antes de que el Congreso las convierta en ley.
Recordó que el Estado dominicano hizo un compromiso con el FMI y otros organismos internacionales para aprobar en el menor tiempo posible la reforma fiscal, cosa que, sostuvo, debe ser respetada.
«Debe ser conocida en el menor tiempo posible, sin que se festine esa reforma», expresó el presidente de la Cámara Alta.
Otro lastre que pesa contra la celeridad en el conocimiento de esta iniciativa es que esta primera legislatura ordinaria del año, prorrogada por 60 días, concluye el 26 de este mes.
Es decir, que para ser aprobada antes del 16 de agosto, la reforma fiscal habría que estudiarla y los plenos de ambos hemiciclos ratificarla entre esta fecha y el 26 de este mes.
También podría agregarse una eventual legislativa extraordinaria que convoque el Poder Ejecutivo hasta el 15 de agosto, lo que agregaría otros 20 días para conocer la iniciativa.
Sin embargo, en tal caso, de no aprobarse antes del 15 de agosto, el proyecto perdería vigencia, en razón de que le pasarían dos legislaturas sin ser aprobado, o sea, ésta que concluye el día 26, más la extraordinaria.
Si por esta vía el proyecto de reforma fiscal perdiera vigencia, sólo habría que reintroducirlo a partir de la segunda legislatura ordinaria del año, que empieza el 16 de agosto próximo para continuar su conocimiento.
