Ahora que el Presidente Danilo Medina goza de una cota de popularidad y aprobación nunca vista a un año y siete meses de gestión, es el momento ideal para impulsar una serie de reformas dirigidas a garantizar la sostenibilidad fiscal, los recursos para cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo y la creación de empleos formales.

Si hay una reforma necesaria es la fiscal; especialmente porque RD es el país de menor nivel de presión tributaria en AL y el Caribe, con excepción de Guatemala. Con menos de 14% del PIB de presión tributaria es imposible cumplir con el 4% a la educación básica, invertir en gasto social e infraestructura y mantener la elevada nómina pública, a menos que se mantenga el actual nivel de endeudamiento que podría colocar las cuentas públicas al tris de la insolvencia.

Hasta el propio Ministro de Hacienda y el Director de Impuestos Internos han llamado la atención a la insostenibilidad del sistema tributario dominicano. Un sistema inequitativo, regresivo, con elevada carga de impuestos indirectos y una baja participación de los impuestos a las utilidades, los ingresos y el patrimonio. Es un sistema altamente asimétrico donde unos pocos tributan, como el caso del pago de la electricidad, mientras una mayoría o evade o simplemente no tributa por su condición de informalidad.

Una verdadera reforma fiscal progresiva, equitativa, eficiente y que garantice la sostenibilidad fiscal debía ser la principal reforma estructural de esta administración y el presidente Danilo Medina cuenta con el capital político y la confianza como para convocar al país a una discusión en el seno del Consejo Económico y Social (CES) y arribar al pacto fiscal que permita aprobar esa reforma en el Congreso.

Otra reforma importante es la del mercado laboral, cuya discusión lamentablemente se ha centrado exclusivamente en el tema de la cesantía. Evidentemente que los derechos adquiridos de los actuales trabajadores en esa materia no pueden ser afectados, pero si pretendemos que los empresarios se sientan estimulados a crear nuevos empleos, es necesario reducir las cargas laborales a futuro, es imperativo incentivar el empleo a los jóvenes o al primer empleo en base a reducir el costo de la cesantía y de la seguridad social como han hecho una serie de países de la zona euro. En un país donde el 56% del empleo es formal y otro 15% es desempleado, la meta debería ser reducir la tasa de desempleo e invertir la ecuación a favor de una mayor proporción de empleos formales.

La institucionalidad presupuestaria y la transparencia se construyen cada día. Desde la pasada administración del Dr. Leonel Fernández el país cuenta con un conjunto de leyes contentivas de la Reforma de la Administración fiscal y mucho se ha avanzado en materia presupuestaria, las licitaciones públicas, las compras gubernamentales a las mipyme y la cuenta única de Tesorería. La aplicación integral de la totalidad de esas leyes redundaría en una mayor eficiencia en el gasto y en el nivel de confianza de los agentes económicos.

La eliminación del monopolio en el transporte de carga representa otra reforma importante, por cuanto abarataría los costos y por vía de consecuencia mejoraría la competitividad en la agropecuaria, las zonas francas y la economía en general.

La reforma del tránsito representa otra de las tareas que va a demandar una buena dosis de voluntad política para enfrentar los intereses de los poderosos grupos de empresarios disfrazados de sindicalistas. La mejoría del transporte público, la reducción de los accidentes mortales, así como las largas horas de “tapones” representa una tarea pendiente.

Las reformas de la educación y del sector eléctrico se supone serán iniciadas tan pronto se arribe en pocas semanas el Pacto por la Educación, y en los próximos meses al Pacto Eléctrico.

El Presidente Danilo Medina disfruta de un bien ganado capital político y eso le brinda la oportunidad de asumir las responsabilidades y contar con el apoyo para emprender reformas que le permitirán concluir una brillante gestión, legar un horizonte definido al país y una carta de ruta a las próximas administraciones.