La necesidad de hacer justicia no debe ser frenada por anticuados artículos constitucionales que consignan la prescripción de la persecución por la comisión de crímenes o delitos.

Los delitos contra los derechos humanos, los delitos de corrupción administrativa, los abusos de poder, no deben prescribir nunca.

La persecución judicial sólo debe cesar cuando la persona acusada es declarada culpable o inocente por un tribunal y la sentencia adquiere la autoridad de la cosa definitivamente juzgada.

No fueron juzgados los matones de los tiempos del trujillaje, los asesinos que aprovecharon el desarme de la población luego de la Guerra de Abril, los criminales que segaron las vidas de cientos de personas durante el nunca bien aclarado gobierno de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer.

No son juzgados los ladrones de cuello y corbata que roban al erario, los desfalcadores de la Corporación de Empresas Estatales (CORDE), los sepultureros de la industria azucarera estatal, los contrabandistas, los que engañan al fisco al pagar los tributos, no deben continuar exhibiendo fortunas adquiridas al amparo de oscuras gestiones ilegales e inmorales.

¿Hasta dónde somos culpables de tanta inmoralidad e ilegalidad?

Con la nueva Constitución se han querido amarrar situaciones que en nada benefician al pueblo dominicano.

Hay que ver si la cantidad de camisas de fuerza que tienen los asambleístas alcanzan para inmovilizar a todos y a todas, hay que ver.

Cuando una persona comete un delito debe ser sometida a juicio y sentenciada.

Si se elimina la prescripción los asambleístas harán un buen aporte a la justicia, así nadie podrá escapar, mientras viva, a ser perseguido por los crímenes o delitos cometidos.

Cuando se ordenó la captura de Augusto Pinochet Ugarte, general con rangos obtenidos mediante abusos y asesinatos, se dio satisfacción a lo que era una esperanza.

Cuando los jueces de España y Argentina condenan a los violadores de los derechos humanos, de la Constitución y de la vida, brilla la perspectiva de vivir en un mundo más justo.

Aquel pastor religioso capturado 40 años después en Estados Unidos, liberado por un tribunal de dudosa imparcialidad en el juicio el asesinato de varias personas bajo la sombrilla de la discriminación racial y el Ku Klux Klan, al fin paga por su participación en el crimen.

Eliminar la prescripción de la persecución judicial es un deber de asambleístas que se presume representan generaciones que tienen como deber enderezar entuertos del pasado.

La nueva Constitución que resulte de la asamblea actual, debe ser un instrumento que por lo menos, facilite que se comience a trillar el camino de la justicia.