La Cámara de Diputados aprobó ayer -en segunda lectura- el proyecto de ley que crea por primera vez el Colegio de Traductores e Intérpretes Judiciales de la República Dominicana, y establece la facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia en regular el ejercicio de estos profesionales a nivel nacional.
La iniciativa es del diputado perremeísta Venerado Castillo. Fue aprobada en primera sesión la semana pasada y viene a resolver la carencia de intérpretes judiciales en el país y a garantizar el ejercicio legal de la función.
Vuelve a comisión. Luego de debatir el tema, los diputados devolvieron a comisión el proyecto de Ley General de Alquiler de Bienes Inmuebles y Desahucios.
La pieza que está en poder de la Comisión Permanente de Justicia de la cámara baja, deberá cumplir un plazo fijo de una semana para afilar aspectos cuestionados ayer en el organismo, a raíz de que los voceros de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro, y del Revolucionario Moderno (PRM), Ronald Sánchez, indicaran que el proyecto amerita ajustes. El presidente de la Comisión de Justicia de la cámara baja, Henry Merán, es el proponente del proyecto junto al también diputado del Partido de la Liberación (PLD), Demóstenes Martínez.
Los proponentes del proyecto afirman que esta es la norma que regulará las relaciones jurídicas y originadas por el alquiler y sub-alquiler de bienes inmuebles (edificaciones), en forma completa o por parte.
El proyecto que se discutió en la sesión de ayer otorga el control para el alquiler de bienes inmuebles y desahucios al Ministerio Público, en el nivel más alto: la Procuraduría General de la República.
Da calidad a la Procuraduría para que ejerza funciones de jurisdicción nacional y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la propuesta de ley que espera sanción.