La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto sobre salud mental que busca regular el derecho de una mejor atención de todos los ciudadanos.

Asimismo, la ley sometida por el senador José Tomás Pérez establece la promoción de la salud mental en todos los ámbitos que tiendan a garantizar la participación comunitaria y las organizaciones sociales.

De igual modo, persigue promover acciones para la desestigmatización de las personas con trastornos mentales, el reconocimiento e identificación de estas y el desarrollo de redes comunitarias para la protección de los derechos humanos de estos ciudadanos.

La nueva ley contempla desarrollar programas educativos para todos los alumnos de los diferentes niveles y modalidades que integren el sistema educativo nacional para lograr conocimiento y diagnóstico temprano de las enfermedades bio-psicosociales en la población escolar y su entorno familiar y social.

También, desarrollará acciones permanentes a través de planes y programas para proteger la salud mental de los trabajadores públicos y privados, los que deberán alcanzar los niños, adolescentes, la familia, instituciones correccionales o penitenciarias para proteger a las personas con trastornos mentales.

De igual modo, establece la realización de estudios epidemiológicos para diseñar una política de prevención y atención para cada región de salud que incorpore a los diferentes trastornos y las diferentes poblaciones en riesgo.

La ley establece la necesidad de capacitar a líderes comunitarios para el reconocimiento e identificación de las personas con trastornos mentales y facilitar la constitución de organizaciones de usuarios y el intercambio de conocimientos y experiencias entre las entidades.

También contempla elaborar anualmente el presupuesto de salud mental para garantizar la previsión de los fondos suficientes para los gastos operativos y la implementación de las estructuras necesarias.

Asimismo, establece que la ley debe aplicarse sin discriminación por motivo de discapacidad raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen étnico, nacionalidad o condición social, edad, patrimonio o nacimiento.

La nueva ley presentada por el senador peledeísta establece especial cuidado en proteger los derechos de los menores y de las personas adultas mayores, especialmente aquellas que se encuentren internadas en instituciones especializadas.

Contempla que ningún historial de tratamiento ni de hospitalización bastará para justificar la determinación de un trastorno mental o de la conducta y ninguna autoridad clasificará a una persona como enferma mental ni indicará que padece un trastorno mental.

Destaca que las personas con trastornos mentales deberán recibir, al momento de la intervención y en una forma clara y comprensible, información escrita de todos sus derechos, la manera de ejercerlos y los mecanismos para efectuar reclamos que permitan hacer efectivos esos derechos.

Sin embargo, la persona que no tenga la capacidad necesaria tiene el derecho de designar a otra a la que se debe informar en su nombre y a una persona que represente sus intereses ante las autoridades.