Hoy 
POR PEDRO GERMOSEN
Pese a la advertencia de que en el país existen más bancas de apuestas que escuelas, el Senado acogió anoche las observaciones del Poder Ejecutivo a la ley sobre la materia, en la que se disponen mayores controles a los establecimientos de juegos de azar y un aumento de las penalizaciones a los propietarios y administradores de estos negocios.
En otro orden, los senadores aprobaron una resolución mediante la cual felicitan al pueblo de Haití por la demostración de civismo, cordura y madurez política en las elecciones celebradas en la vecina nación. La Cámara Alta aprobó, por otro lado, el decreto que designa al señor José Tomás Ares Germán como embajador en Suiza.
Las observaciones a la legislación que modifica la ley número 351, del 6 de agosto de 1964, que autoriza la expedición de licencias para el establecimiento de salas de juegos de azar, fueron acogidas por el pleno del hemiciclo, pese A los ataques de varios legisladores a la proliferación de juegos. El senador César Matías (PRD-Valverde) se opuso a la aprobación de las observaciones del presidente Leonel Fernández a la citada ley, pese a que el mandatario consignó mayores controles para los juegos de azar.
Matías dijo que el Congreso no debe aprobar ninguna legislación de respaldo a los juegos, porque en el país hay más bancas de apuestas que escuelas.
La ley prohíbe que esos establecimientos sean instalados en lugares que a menos de 500 metros de escuelas, colegios, iglesias y otros centros dedicados a la superación de la persona. También prohíbe su instalación en los parajes y secciones Asimismo, dispone el incremento de los aranceles a las importaciones de tragamonedas y otras máquinas destinadas al juego de azar.
Establece que cada tragamoneda instalado en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo pague mensualmente un impuesto de RD$4,000, de RD$3,500 en Santiago, Puerto Plata y La Romana y de RD$3,000 en el resto del país.
La ley también dispone sanciones de RD$100,000 a RD$500,000 y prisión correccional de seis meses a dos años a los propietarios y administradores de centros de juegos de azar que violen la legislación y su reglamento.
Las observaciones del presidente Fernández a la indicada ley también fueron acogidas por la Cámara de Diputados.
