Washington (EFE).- La Cámara de Representantes de EEUU aprobó ayer por mayoría un proyecto de ley que establece un sistema de tribunales militares para juzgar a presuntos terroristas, mientras el Senado continúa debatiendo la medida. Con 253 votos a favor y 168 votos en contra, los legisladores aprobaron la medida que da al Gobierno de EEUU la autoridad para detener, interrogar y enjuiciar a los extranjeros detenidos y llevados ante tribunales militares.

En el Senado, continúa un debate sobre una medida casi idéntica, con lo que la votación definitiva -incluyendo varias enmiendas- podría ocurrir entre esta noche o en la madrugada del jueves.

Una vez aprobado en ambas cámaras, el proyecto de ley será inmediatamente enviado al presidente George W. Bush para su promulgación, antes del receso pre-electoral del Congreso.

El acuerdo, sin embargo, no contenta a todos los lados de la polémica, y los grupos defensores de los derechos humanos encabezan la oposición a la medida.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, dijo en un comunicado que el proyecto de ley “establece formalmente los tribunales que juzgarán a los terroristas y provee una herramienta clave en la lucha contra el terrorismo”.

Según Frist, la mano justiciera que facilita esta medida también es un alivio para los familiares de las casi 3.000 personas que perecieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El objetivo de los republicanos, de cara a los comicios del próximo 7 de noviembre, es aprobar el proyecto de ley y destacarlo entre sus logros en la lucha antiterrorista.

La oposición demócrata, que intenta recuperar el control de al menos una de las cámaras del Congreso, insiste en que la medida va muy lejos y será rechazada por los tribunales.

Los demócratas consideran que la medida permitirá juicios injustos y abusos durante los interrogatorios de los extranjeros ahora detenidos en la base naval de EEUU en Guantánamo (Cuba).

La medida amplía la definición de los “enemigos combatientes” a cualquier persona que ofrezca apoyo financiero y material a grupos terroristas.

El Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) señaló que, siguiendo la lógica de los legisladores, hasta los abogados que representan a presuntos terroristas podrían ser encasillados como “enemigos combatientes”.

“Esta alarmante definición de los enemigos combatientes significaría que casi todos los que se opongan al presidente o al Gobierno (de EEUU) podrían ser encarcelados indefinidamente. Este proyecto de ley es una burla al imperio de la ley”, dijo Bill Goodman, director para asuntos legales de CCR.

Los grupos humanitarios coinciden en que al hacer caso omiso a los principios fundamentales de la diplomacia internacional, EEUU sólo conseguirá distanciar a sus aliados y mermar la cooperación de la comunidad internacional.

La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) dijo que la medida es “un drástico revés para los derechos humanos” porque, entre otras cosas, da al Ejecutivo “licencia para minar las protecciones de los derechos humanos bajo la Convención de Ginebra”.

El mayor desacuerdo entre demócratas y republicanos giró en torno a la eliminación de una cláusula que ofrecía a los prisioneros el derecho a impugnar su detención en los tribunales estadounidenses.

Los demócratas, en su mayoría, piensan que con esa eliminación el Gobierno de EEUU estaría poniendo en riesgo a las tropas que ha desplazado en el mundo.

Bush no tuvo más remedio que recurrir al Legislativo después de que en junio pasado el Tribunal Supremo falló en contra de los tribunales militares establecidos por el Pentágono.

El Tribunal Supremo consideró que esos tribunales violaban tanto las leyes estadounidenses como el derecho internacional, y dejó en manos del Congreso la tarea de idear una ley sobre el trato y enjuiciamiento de presuntos terroristas.