Aprueban y desaprueban críticas de embajador

En cambio el presidente del PRD  dijo que el gobierno, en vez de “insultar” al embajador, debe reaccionar a las denuncias que hizo.

El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez consideró ayer que  Estados Unidos no tiene autoridad ni moral para decir que el país está rezagado en la lucha contra la corrupción y en el afianzamiento del estado de derecho.

Expresó que Estados Unidos  nación que ha tenido más problemas con las drogas y  vive reclamando la lucha contra el narcotráfico en el país.

López Rodríguez se refirió a las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en el país, Robert Fannin, quien consideró que  la corrupción  ha empeorado en la República Dominicana y la población  no percibe que ha habido un cambio positivo.

El Arzobispo de Santo Domingo fue entrevistado luego de oficiar una misa  en la  Catedral Primada  en  ocasión de la clausura del Sexto Encuentro Latinoamericano y del Caribe de la Pastoral Penitenciaria

 La declaración de esa actividad fue leída por la monja Neyda Rojas Moreno.

El cardenal López Rodríguez dijo que cuando se actúa con discriminación con los prisioneros se  lesiona su  dignidad.

Señaló que hay dos aspectos profundamente relacionados: la justicia y la vida dentro de la cárcel. Instó  a la  justicia a proceder con diligencia.

López Rodríguez dijo que el país no  ha perdido la lucha contra la delincuencia, aunque existen señales preocupantes.

Cree que no se les debe dejar el campo a los delincuentes para que continúen haciendo sus fechorías.

En cuanto a la  disposición de la secretaría de Interior y Policía de prohibir el porte de armas durante la temporada navideña,  el prelado consideró que el actual momento de inseguridad  no es el más adecuado para hacer esa campaña.

Indicó que él es el primero que desea un desarme de la población, pero que existen muchas personas que están siendo atracadas, asesinadas, abusadas y violadas.

López Rodríguez señaló que si las autoridades no están en capacidad de dar una respuesta adecuada a la delincuencia, la población tiene derecho a la legítima defensa.