Apuesta por la transparencia

El Gobierno da muestras  de que quiere actuar con transparencia en el manejo de los recursos del Estado. La reciente designación de la Comisión de Veedores Ciudadanos se suma a otras iniciativas que tienen por meta un uso diáfano de  los dineros que el Ministerio de la Presidencia invierte en compras y contrataciones. La comisión, que está compuesta por prestigiosos ciudadanos, tiene facultad para monitorizar las compras y contrataciones y sugerir procedimientos que mejoren el uso de los recursos.

 La creación de la comisión está en la misma línea de medidas como los concursos para la asignación de  obras del Estado y para otorgar  permisos para la importación de contingentes arancelarios en el marco del DR-CAFTA. El monitoreo de las compras del Ministerio de la Presidencia supone el acceso de la Comisión de Veedores a todos los daros relacionados con esas operaciones, por las cuales se hacen cuantiosas erogaciones con cargo al erario.

  Para el país es importante que el Gobierno se esfuerce por actuar en casa de cristal. Las compras y contrataciones de la Presidencia se prestaron en otros tiempos para indelicadezas de todo tipo relacionadas con el amiguismo, la politiquería y el afán de lucro. Con el paso dado se avanza  hacia la meta de lograr diafanidad en la gestión y apuntalar la confianza en los actos del Gobierno.

Respeto a la libertad sindical

El Ministerio de Trabajo debe actuar ante la denuncia del sindicalista Gabriel del Río Doñé, secretario general de la CASC, sobre violaciones a la libertad de asociación y sindicalización que están siendo cometidas en algunas empresas. Varios trabajadores han sido cancelados por intentar formar sindicatos en las empresas en que trabajaban. La represión de los derechos de asociación está sancionada por nuestras leyes laborales.

La autoridad debe mostrar interés por los casos de violaciones de este tipo, aún cuando parezcan  hechos aislados. Hay que impedir que, en tiempos en que se reclama mejora salarial, cobre cuerpo la tendencia de reprimir a los trabajadores por intentar ejercer el derecho de asociación. El Ministerio de Trabajo debe estar atento a lo que está ocurriendo y eventualmente intervenir para impedir que sigan produciéndose violaciones de este tipo.