Hoy 
El Presidente Leonel Fernández ha dado muestras de que aspira a una modificación constitucional profunda y juiciosa.
Esa muestra no la diluye ni siquiera la discrepancia que plantea el hecho de que Fernández, estando en la oposición, propugnó siempre por una reforma por medio de Asamblea Constituyente y ahora, poder en mano, propone y defiende que sea a través de una consulta popular que, a fin de cuentas, deja el asunto en manos de una Asamblea Revisora.
La vocación por la reforma profunda se afianza, también, en la apertura que ha hecho para que todos los sectores del país aporten ideas sobre los aspectos a modificar.
En honor a la verdad y dada la experiencia traumática que tenemos en cuanto a reformas constitucionales, que han sido muchas, por cierto, lo más recomendable es que todos aportemos nuestras mejores ideas para que la iniciativa dé los mejores frutos para la nación en general, y para ningún grupo en lo particular.
-II-
Vistas las cosas en este contexto, creemos que sería un gran acierto si se hiciera énfasis en aspectos institucionales que en la actualidad le permiten a cualquier ciudadano y a cualquier partido violar el mandato que las mayorías ejercen a través del voto, en dos vertientes que tienen un valor muy significativo en nuestra democracia.
En las circunstancias actuales y eso hay que acabarlo- cualquier partido puede anular las candidaturas resultantes de sus convenciones internas para otorgarlas a terceras personas que jamás fueron elegidas por las militancias partidarias. En las últimas elecciones congresuales y municipales hay ejemplos de sobra de esta burla a la voluntad de los votantes intrapartidarios.
Evidentemente que no puede continuar vigente la contradictoria realidad de un estado de cosas que, por un lado, establece el voto como símbolo de ejercicio de la democracia y que a la vez permite, sin chistar, que ese voto sea burlado y negociado.
-III-
En otro ámbito más amplio y delicado, no puede continuar produciéndose el caso de gente que se postula a un cargo electivo, municipal o congresual, y que una vez ganada la posición renuncia a la misma con el interés expreso de optar por otra posición.
Debe quedar claro que en estos casos, la voluntad expresada por los votantes no es la de otorgar poder de negociación y cambalache a la persona elegida, sino dar anuencia para que ocupe el cargo para el cual se postuló.
En este caso en particular no sólo hay una grave burla al votante, cuya voluntad se emplea como patente de cambalache, sino que además se produce una duplicación indebida del beneficio conferido por ese voto, pues habiendo renunciado el candidato electo para ocupar una posición distinta, se da al partido que lo postuló la facultad de presentar una terna de la cual se escoge el sustituto para el puesto renunciado.
Lo mismo puede afirmarse de aquel relajo del «dos y dos» usado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD): otorgar dos años del período legislativo a quien fuera electo por el voto popular y luego hacerlo renunciar para que los dos años restantes recayeran en una persona escogida previamente por el partido. No es posible que se permita la solución de un problema particular en desmedro del interés general.
En cuanto a la reelección presidencial se refiere, nada nuevo hay que apuntar. Mantenemos nuestra posición de oponernos a la misma, posición de siempre, por considerarla funesta para la democracia dominicana.
