A la vuelta de unos días concurriremos a las elecciones más complejas que hayamos tenido desde la caída de la tiranía. Y un punto de inflexión inevitable es la valoración ética del proceso a partir de la fauna política que lo protagoniza. Deja mucho que desear que estando tan cerca el certamen, el Ministerio Público ni los partidos políticos han hecho lo necesario para comprobar la certeza o falsedad de la vinculación con el crimen organizado que se atribuye a algunos candidatos a posiciones congresuales y municipales. En la intimidad de los partidos, los antecedentes penales que “adornan” las hojas de vida de unos cuantos nominados no han sido lo suficientes como para objetarlos. Todos caben.
El 29 de abril es “Día Nacional de la Ética Ciudadana”, pero a juzgar por lo que hemos señalado antes, habría que preguntarse si lo ético es o no consustancial con lo político. La insoslayable necesidad de evitar cacería de brujas y acusaciones temerarias contra las reputaciones, no anula en modo alguno la prioridad de comprobar si son ciertos o falsos los pecados que se atribuyen a políticos en la puja por cargos electivos. Y la falta de una Ley Electoral y una Ley de Partidos basadas en el deseo de purificar nuestro ejercicio político, es un indicador de que existe cierta discrepancia entre la ética y la manera en que algunos catapultan sus aspiraciones bajo la convicción de que el fin justifica los medios.

 Comercio entre RD y Haití

Con una segunda vuelta electoral en el limbo, sin fecha definida, el Gobierno de transición de Haití parece a merced de los grupos económicos interesados en controlar el comercio interno y que tiene fijada su mira en bienes dominicanos cuyo ingreso por vía terrestre sigue prohibido. La nueva exigencia de esos grupos contra el intercambio comercial entre República Dominicana y el Estado haitiano es que se amplíe la lista de 23 mercancías afectadas por la restricción, y el consumidor haitiano que pague las consecuencias de esa barbaridad.
Los consumidores haitianos han seguido adquiriendo en la frontera las mercancías que no deberían entrar por tierra, lo que revela que la restricción es insostenible en términos reales. El Gobierno dominicano debe tomar nota de este comportamiento y plantear sus condiciones de negociación sobre este tema.