La que acaba de pasar, ha sido una semana particularmente dura. A la tragedia de los cinco jóvenes de San Francisco de Macorís, que fallecieron en un accidente de tránsito en La Vega, se sumó luego el asesinato de una jovencita de apenas 15 años de edad, por otro joven de 16, y cerró con la muerte de un niño de tres añitos de edad en el marco de un atraco.
Las causas de estos terribles hechos no podemos buscarlas sólo en el orden social, limitando el análisis a actores como las familias o los entornos sociales. Hay que irse a lo macro y vincularlo, obligatoriamente, con el eje político de la sociedad dominicana, como gestor de la cosa pública.
Entonces, vale preguntarse, ¿Qué ha pasado o qué no ha pasado en la sociedad dominicana que no hemos podido avanzar hacia sistemas de educación y de salud pública, capaces de concienciar la población para evitar imprudencias que terminen en un accidente de tránsito?
¿Qué ha pasado o qué no ha pasado en la sociedad dominicana que todavía no contamos con la suficiente seguridad ciudadana para evitar que nuestra infancia y nuestra juventud mueran en situaciones terribles como estas?
Y, una de las respuestas, tiene que ver con que lastimosamente los recursos públicos que con tanto sacrificio la ciudadanía aporta para tener mejores sistemas de salud, de educación, de transporte, de seguridad ciudadana, han sido vilmente sustraídos y dispendiados durante años y por diferentes administraciones.
Los recursos que pudieron servir para, por ejemplo, una campaña masiva de comunicación y salud pública, o algún programa educativo preventivo que formen, eduquen y conciencien a esta juventud, terminaron siendo robados.
Para muestra un botón: el caso Odebrecht, testimonio fiel y evidencia de la capacidad de robo de los recursos públicos que en los últimos años han tenido diferentes gobiernos y administraciones.
Muestra de cómo el bienestar y la vida digna de la ciudadanía, así como las mejoras de los servicios públicos, no han sido el norte de una parte de la clase política que ha gobernado, y que ante, por ejemplo, licitaciones de obras, optan por aquellas que le garanticen sobornos.
Da pena, dolor y vergüenza que dinero que puede y deber servir para tener mejores escuelas, mejores hospitales, mejor sistema de seguridad ciudadana, mejores políticas de empleo, ect, sea usado por funcionarios para su enriquecimiento.
Esa es una de las causas de tanta desigualdad, violencia, falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Esos vientos de corrupción e impunidad han traído estas tempestades.
Es ante este panorama que urge acrecentar la conciencia de que los recursos públicos son sagrados y que toda la ciudadanía ha de empoderarse para garantizar que cumplan su rol, su función, y no terminen en los bolsillos de dos o tres compañeritos.