José Ángel Aquino, exmiembro de la Junta Central Electoral (JCE), y la excoordinadora de Participación Ciudadana, Josefina Arvelo, promovieron ayer el consenso en la aprobación de las leyes de Partidos y Electoral.
Aquino es más optimista que Arvelo. Su optimismo procede de un encuentro entre académicos y el organismo electoral. Además, el jurista observa que las leyes de Partidos y Electoral son normativas orgánicas y, por tanto, requieren las dos terceras partes para su aprobación.
Aquino realza dos aspectos fundamentales en las referidas normas: la democracia interna y la transparencia.
En efecto, el exintegrante de la JCE propone que las elecciones primarias sean simultáneas y vigiladas por el órgano electoral, para “garantizar los derechos de los miembros”.
La transparencia, por su parte, tiene que ver con la financiación de las organizaciones políticas.
A este respecto, Aquino concibe el modelo mexicano, donde el Estado financia entre el 70% y el 80% de forma indirecta.
“El financiamiento privado no es malo, per se. Lo importante es que sea transparente y esté sujeto a ciertos límites, porque siempre habrá personas que querrán aportar a la política, y la política es cara”, expone mediante una conexión telefónica.
Mientras tanto, Josefina Arvelo recoge el temor alimentado por la mayoría congresional en manos del Partido de la Liberación Dominicana.
Sin embargo, llamó a esa organización a entender que las leyes electorales son ya una urgencia y un reclamo generalizado.
“Uno de los temores es que el partido que está en el Gobierno trate de hacer una ley que responda a sus intereses, por lo cual la Ley de Partidos tiene tanto tiempo en el Congreso y no termina; pero igual, el mismo hecho de que los partidos no quieren tener controles, porque quieren seguir con sus propias normativas”, comenta a través de un contacto telefónico.
Recientemente, el bloque de partidos opositores advirtió que el PLD se estaría haciendo “un traje a la medida”, para lo cual usaría la “sastrería” congresional.
Arvelo insistió en que el partido oficial debe atender los reclamos sociales y aprobar las iniciativas propuestas.