POR EVARISTO RUBENS
La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) advirtió que a un mes de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA), la República Dominicana no ha dado los pasos requeridos en materia de propiedad industrial y de patentes de invención para entrar en ese acuerdo multilateral.

También sostuvo que se pretende que por un decreto presidencial “se les pueda exigir a las autoridades de Salud Pública que no soliciten en los expedientes de registros sanitarios ningún dato de prueba”.

Indicó que de aplicarse esa medida se llevaría al país “al caos farmacéutico y a la inseguridad sanitaria de la población, al no estar seguro de que los medicamentos que se ingieren están dotados de datos de prueba sobre sus efectos en la salud del ser humano”.

La ARAPF hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de Industria y Comercio, de la Secretaría de Salud y a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) para que realicen el esfuerzo requerido para que el país pueda dar el paso seguro hacia el DR-CAFTA “con la adecuación apropiada de nuestra legislación en materia de propiedad industrial”.

“El país no se ha abocado al conocimiento de las normas legislativas que obliga este tratado internacional, en lo que respecta, tanto a la restauración del término de una patente por retrasos injustificados atribuibles al gobierno, como al tratamiento de los datos de prueba, como obliga el DR-CAFTA”, explica ARAPF.

Sostuvo que no se puede afirmar, como lo han hecho voceros interesados, que está cubierta la obligación del artículo 15.9.6 (a), por los retrasos irrazonables en la concesión de la patente.

Dijo que se conoce el esfuerzo que está haciendo la ONAPI, pero que no se puede dejar de lado el retraso que tiene dicha entidad en la concesión de las patentes de invención.

La Ley 20-00 debe ser modificada en el sentido que restablezca el período de protección que se ha perdido, enfatizó la ARAPF.

Recordó lo que dijo se llama “datos de prueba”, a los que definió como “aquellos datos que comprueban la seguridad y la eficacia de los medicamentos y que son necesarios para la aprobación de su comercialización (registro sanitario)”.

Indicó que en el DR-CAFTA se regula de forma específica para prohibir que las autoridades gubernamentales proporcionen dichos datos a terceros en un plazo de cinco (5) años para productos farmacéuticos y de diez años para productos químicos agrícolas, a partir de la aprobación del referido registro sanitario.

Por otra parte, la ARAPF llama a la reflexión a las autoridades y a la población, cuando se quiere introducir el tema de “afán desproporcionado de lucro de los titulares de los derechos de propiedad industrial”.

Añade que tal cosa no es cierta porque éstos, los autores de las patentes, “solamente solicitan el respeto a los derechos que constitucionalmente les corresponden”.

Consideró que lo que sí debe considerarse es el carácter mercurial de las violaciones a las patentes de invención farmacéuticas en la República Dominicana.

Señaló que una revisión de los medicamentos que son copias violatorias de productos protegidos por patentes de invención, no son los productos de bajo volumen de ventas, sino que se refieren a productos que tienen mayor demanda en el mercado.

“Así cabe preguntarse ¿Quiénes son los que realmente tienen el afán desmesurado por el lucro, los laboratorios investigadores o los violadores de patentes de invención?”, se pregunta ARAFPF.