Stephany Rosario 
Stephany Rosario
El Comité de Compras y Contrataciones es fundamental para garantizar la transparencia en los procesos de licitación pública. Sin embargo, decisiones sin sustento jurídico y basadas en fundamentos débiles pueden derivar en arbitrariedades que comprometen la legitimidad del proceso. A través de un caso reciente frente a una institución pública, exploraremos cómo estas prácticas afectan el sistema de contrataciones y cuáles son sus consecuencias.
¿Qué Constituye una Decisión Arbitraria?
Para entender una decisión arbitraria, debemos observar los principios legales que deben guiar todo proceso administrativo. La Ley 340-06 establece que las decisiones deben ser razonables, proporcionales y transparentes. Una decisión es arbitraria cuando no cumple con estos principios, careciendo de una motivación jurídica adecuada.
Veamos cómo esto se reflejó en un caso reciente.
El caso: una descalificación injusta En el proceso de licitación para el suministro de raciones alimentarias, un oferente, una empresa MIPYME, presentó su oferta económica cumpliendo con todos los requisitos técnicos y financieros establecidos en el pliego de condiciones. Sin embargo, la institución contratante descalificó su propuesta por un detalle menor: un error en el número de referencia del proceso en el formulario de oferta económica. El oferente debio colocar XXXX-CCC-LPN-2024-0050 y por error colocó XXXX-CCC-LPN-2024-0047.
Este error no afectaba la esencia de la propuesta ni el monto ofertado. Era un error material y subsanable que, según el artículo 123 del Reglamento 416-23, permitía a la institución solicitar una corrección sin alterar el contenido de la oferta. A pesar de esto, el Comité de Compras decidió descalificar al oferente.
La intervención de la DGCP La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), tras analizar el recurso jerárquico interpuesto por nosotros, concluyó que la decisión del Comité fue desproporcionada. La DGCP destacó que el error no era sustancial y que descalificar la oferta infringía los principios de razonabilidad y competencia. Además, subrayó que la institución contratante no cumplió con su obligación de solicitar una aclaración antes de tomar una decisión tan severa.
Esta situación ejemplifica cómo una decisión arbitraria puede surgir de una interpretación rígida de las normas, ignorando principios legales fundamentales.
Impacto de las Arbitrariedades en los Procesos
Las arbitrariedades en las decisiones administrativas tienen consecuencias profundas y multidimensionales. Para ilustrar esto, sigamos el impacto del caso mencionado.
1. Vulneración de derechos legales El oferente descalificado presentó su recurso jerárquico argumentando que el Comité violó el principio de razonabilidad establecido en el artículo 3 de la Ley 340-06. Este principio exige que las decisiones sean proporcionales y adecuadas para alcanzar los objetivos de transparencia y competencia. Al no permitir la subsanación de un error menor, se vulneró el derecho al debido proceso del oferente.
2. Pérdida de oportunidades económicas La decisión arbitraria no solo perjudicó al proveedor afectado, sino que también limitó al Estado al excluir una oferta potencialmente más ventajosa. En el caso, el oferente había cumplido con todos los requisitos sustanciales, pero fue descalificado injustamente. Esto reduce la competencia y, en consecuencia, la posibilidad de obtener mejores condiciones económicas para el contrato.
3. Daño a la reputación institucional La institución contratante quedó expuesta al escrutinio público y a cuestionamientos sobre su capacidad para llevar a cabo procesos justos y transparentes. Este tipo de situaciones desalienta la participación de oferentes, especialmente de MIPYMES, que suelen enfrentar más barreras para competir en el ámbito público.
4. El desenlace: una lección para el sistema Finalmente, la DGCP ordenó a la institución contratante que revaluara la oferta económica del proveedor afectado. Aunque esta decisión reivindicó al oferente, el daño reputacional y las demoras en el proceso ya habían dejado su huella. Este caso pone de relieve la importancia de garantizar que los Comités de Compras actúen con diligencia, respetando los principios legales y evitando decisiones arbitrarias.
Conclusión: Carencia de Sustento Jurídico y Falta de Capacitación
Las arbitrariedades en las decisiones administrativas, como la observada en este caso, revelan dos problemas fundamentales: la falta de sustento jurídico en las decisiones y la falta de capacitación de los Comités de Compras.
Para fortalecer el sistema de contrataciones públicas, es esencial que las decisiones estén basadas en una interpretación adecuada de la normativa, priorizando la transparencia y la equidad. Asimismo, la capacitación de los miembros de los comités debe ser una prioridad, asegurando que entiendan los principios legales que deben guiar sus acciones. Solo así se podrá garantizar un sistema de compras públicas eficiente, justo y transparente, en beneficio del interés general.
