Archivada denuncia contra Petro por el secuestro de un periodista español

Archivada denuncia contra Petro por el secuestro de un periodista español

Gustavo Francisco Petro

Madrid. La Audiencia Nacional de España ha archivado una denuncia contra el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en la que era acusado de haber integrado el grupo «narcoparamilitar M-19», al que se le atribuyen una serie de crímenes, entre ellos el secuestro de un periodista que tendría nacionalidad española.

En un auto conocido este miércoles, el tribunal español muestra su sorpresa por la admisión en su momento de esta denuncia, interpuesta «por quien no es víctima de hecho alguno, respecto de hechos que habrían ocurrido en Colombia y que se atribuyen a personas que no son españolas».

Si bien, prosigue la Audiencia, una de las víctimas pudiera ser de nacionalidad española, «no consta dato alguno sobre dónde fue secuestrado y cuando fue liberado, ni indicio alguno para atribuir la autoría al denunciado o siquiera al grupo M-19».

Resuelve así el recurso de la Fiscalía en contra de la admisión de dicha denuncia por parte del juez de instrucción Joaquín Gadea, que ofreció a los herederos de la víctima del secuestro, Fernando González Pacheco, la posibilidad de ejercer acciones penales como querellantes, ante la renuncia a ello por parte del Ministerio Público.

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Según recuerdan los magistrados, tras la reforma de la Ley española de Justicia Universal, la activación de un procedimiento de estas características «no es admisible mediante querella de un actor popular», ni «resulta posible la incoación de oficio de diligencias por un juzgado de instrucción español», y solo corresponde al fiscal o al agraviado «la persecución de tales delitos».

En este caso, la apertura de una investigación no es posible porque en la denuncia «no se aporta información suficiente sobre la nacionalidad de Fernando González Pacheco ni circunstancias concretas del hecho ocurrido, al parecer el 23 de julio de 1981».

Por ello critica que el juez, «atribuyéndose el ejercicio de la acción que corresponde al Ministerio Fiscal o al ofendido, pretenda indagar sobre la existencia de herederos de la victima que quieran formular querella por unos hechos de 1981».

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