El presidente Danilo Medina ha presentado al Congreso una propuesta de ley de ordenamiento territorial que requiere atención pública. La normativa a ser impulsada por el Estado, integra la planificación y gestión participativa, organiza la ocupación del suelo, fortalece el capital local e impulsa la generación de riquezas.

La propuesta presidencial la examino releyendo a Manuel Castells. Su compresión económica, histórica y de evolución del espacio, hace que sus cátedras como profesor de Berkeley, sean consulta obligada. Ante la tendencia europea fragmentaria que predominaba en el siglo XX, Castells reclamó gestionar “áreas metropolitanas”.

Hace 15 años en la ciudad de Santiago y su entorno, acontece una gravísima dinámica espacial en los municipios de Villa González, Tamboril, Licey y Puñal; así como los Distritos de Hato del Yaque, La Canela, Jacagua y El Palmar. Miles de actividades agrícolas, avícolas, porcicultura, mineras, mercados, cadenas de empresas, toneladas de residuos y nuevos asentamientos urbanos, generan altísima especulación sobre el fértil suelo de Santiago y crean tendencias para fraccionar el territorio.

Esta dinámica sólo puede ordenase, si los Ayuntamientos tuvieran normativas de uso de suelo gestionadas por técnicos calificados, apoyados por ministerios nacionales que controlan los permisos de uso, exigen estudios de impacto ambiental y no aprueban obras sin consultar riesgos. Únicamente el Ayuntamiento de Santiago pudo formular un plan de ordenamiento, contando además con una moderna cartografía satelital. Esa ventaja sólo ayuda, si el Estado dominicano decide apoyar el ordenamiento de las grandes ciudades, entre éstas, Santiago.

La huella urbana del área metropolitana de Santiago es de 103.78 kilómetros cuadrados de ocupación del suelo con una población que edifica informalmente el territorio muchas veces sin servicios de agua, alcantarillado, energía, alumbrado, conectividad, ni criterios de vulnerabilidad.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, BID, Consejo Estratégico y Ayuntamiento demostraron que el crecimiento de la huella urbana de Santiago semeja una mancha de agua salpicada donde cada demarcación evidencia crecimiento desorganizado. Las jurisdicciones del Santiago Metropolitano, afronta un verdadero desorden territorial.

A diferencia de los legisladores fraccionalistas, entendemos que el área metropolitana de Santiago debe transformar su gestión basada en las experiencias del Consejo Estratégico, auspiciado por MEPyD y la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID.

Manuel Castells demuestra que la coyuntura apropiada para ordenar un área metropolitana es cuando la densidad de la población decrece, aumenta el tiempo de acceso y se eleva el valor monetario de la producción de la gran ciudad. Antes que la fragmentación territorial, la gestión metropolitana es un elevadísimo objetivo y misión estratégica a resolver entre todos.