El Presidente Hipólito Mejía ha devuelto al Congreso el proyecto de Ley Sectorial de Areas Protegidas con unas observaciones que deberán ser ponderadas no solamente por los legisladores, sino además por los sectores que han intervenido en el debate de esta controversial propuesta de legislación.

Es historia sabida que un proyecto original elaborado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue objeto de cambios en virtud de los cuales resultarían mutiladas varias áreas protegidas. El proyecto que ha observado el Presidente contiene, a su vez, otras modificaciones que fueron introducidas por el Congreso, y ahora, debido a las observaciones, se proponen nuevos cambios.

Pero la observación de la ley por parte del Presidente, que es una decisión plausible, no disipa del todo las inquietudes provocadas por estos intentos de mutilar y modificar áreas protegidas para beneficiar inversiones turísticas, pues aunque detiene la entrada en vigencia de una legislación inquietante, rechazada por amplios sectores y que, inclusive, ha tenido repercusiones en organismos internacionales, reafirma la proposición de mutilaciones y cambios en zonas resguardadas.

En las observaciones que hace el Presidente se reafirma el propósito de restarle espacio a la biodiversidad conservada para dar paso a proyectos turísticos en lugares como Parque del Este y Bahía de las Aguilas. Esta insistencia podría deberse a que el Gobierno, desde antes de modificar las áreas protegidas, ya había hecho concesiones sobre parte de las mismas.

-II-

Así las cosas, las observaciones que el Poder Ejecutivo ha puesto en manos de los legisladores deben ser objeto de un minucioso estudio. Primero que todo y sin pretender una intrusión en la soberanía de los legisladores, se debería desistir de hacer valer el derecho a ratificar la legislación observada.

Los planteamientos del Presidente deberían ser debatidos con la mayor amplitud posible, de manera que cualquier decisión que se tome al respecto esté fundamentada en un análisis pormenorizado y juicioso.

Inclusive, debería ser retomado el proyecto original elaborado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tanto para hacer comparaciones como para enriquecer el contenido de la propuesta definitiva que surja de los debates. Por ser tan delicado el tema, los legisladores deben tomarse el tiempo necesario, actuar sin prisas y con el debido comedimiento para evitar el arrastre de errores como el de haber cambiado del nombre de Pico Duarte por el de Pico Trujillo.

Aún por encima de los intereses económicos o de otras índoles, es de vital importancia la protección de áreas de biodiversidad que permitan la estabilidad de microclimas y el equilibrio de flora y fauna. El país tiene aún muchos lugares aptos para acoger inversión turística sin necesidad de hacer transformaciones que pudieren resultar perjudiciales.

Los legisladores tienen una nueva oportunidad de hacer algo útil por la preservación ecológica, sin desestimar la importancia de apuntalar el desarrollo turístico.