La mayoría de los conflictos que se han suscitado en los últimos dos años en relación al interés de capitales foráneos y nacionales en reducir las áreas protegidas para explotarlas económicamente sin ningún criterio de sostenibilidad, son una consecuencia de la no aprobación todavía del proyecto de Ley Sectorial de Areas Protegidas.

Este proyecto legislativo no sale de la inmovilidad a que lo tienen sometido en el Senado desde el año 2002 y ha suscitado los más enconados debates sin que se proceda a someterlo a vistas públicas.

Fue elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y está considerado el estudio más completo de las últimas décadas, en el que constan los reales límites y coordenadas en una cuidadosa y bien elaborada cartografía e incorpora a la legislación dominicana los conceptos modernos sobre protección.

La cartografía sirve de soporte efectivo para la administración, control de límites y cuidado del Sistema Nacional de Areas Protegidas, compuesto por un singular conjunto de reservas científicas, parques nacionales, reservas forestales, monumentos naturales y refugios de vida silvestre, que brindan servicios ambientales fundamentales para el futuro de la nación.

En las últimas ocasiones en que se han suscitado conflictos en las áreas protegidas como por ejemplo el caso del Parque Nacional del Este y el Parque Mirador Sur, la falta de una definición clara de límites y coordenadas ha provocado que casi estemos a punto de que se segregue una gran parte de su extensión.

El argumento esgrimido en la ocasión era que la parcela 24 A no estaba dentro de los límites de ese parque lo que causó un debate nacional sobre si pertenece o no.

Muchos estudiosos, con sobrada razón, destacaron la vulnerabilidad de las áreas protegidas dominicanas pues en algún momento cualquier argucia legal podría prosperar. Es preciso señalar que las áreas protegidas no son simplemente para la contemplación de los paisajes que ofrecen, sino pilares importantes para la seguridad alimentaria. Por ejemplo, el caso de los parques nacionales Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez son regiones que hacen posible la irrigación de los campos agrícolas del Cibao, el Noroeste, y el Valle de San Juan, entre otros.

Otro caso muy notable es el del Parque Nacional los Haitises, considerado como la gran reserva hídrica del país y el sostén de los sistemas hidrológicos que aliemntan parcial o totalmente los acueductos de Santo Domingo, Monte Plata y Los Llanos, entre otros.

[b]DESARROLLO SOSTENIBLE[/b]

El proyecto de Ley Sectorial de Areas Protegidas fue concebido para que una vez aprobado sirva como instrumento para un desarollo sostenible.

En uno de los criterios establecidos por el proyecto se indica que el aprovechamiento de los servicios ambientales de las áreas protegidas, su conservación y uso sostenible, deberán incorporarse a los planes, programas, actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales nacionales, para los efectos de que se integren al proceso de desarrollo del país.

El proyecto servirá para incentivar las iniciativas privadas en la protección de los bosques.

Para todo el territorio nacional debería promoverse la valoración de los ecosistemas forestales para determinar la importancia económica de una amplia variedad de productos como alternativas importantes para la salvación de los bosques tropicales.

Organismos tan importantes como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUMA) consideran que el valor comercial de los productos forestales no madereros extraídos de manera sostenible, pudiera estar muy por encima de otros usos de las tierras forestales, como la ganadería de granjas, la tala de árboles, y se reconoce la necesidad de desarrollar y apoyar actividades económicas competitivas en los bosques y eliminar los prejuicios que actualmente existen.

Esta es una de las concepciones más avanzadas para la protección de los bosques y hacer de ellos un recurso sostenible al servicio de las actividades económicas normales de un país.

El desarrollo de mercados para productos provenientes de bosques bien administrados evita inversiones en proyectos que destruyen los bosques y se insta a los gobiernos a probar políticas que promueven la gestión forestal, considera el PNUMA.

Según el organismo regional, la protección y manejo de áreas protegidas declaradas es muy deficiente debido a la falta de recursos financieros, personal, equipos e insumos.

La principal amenaza para las áreas protegidas son precisamente el cambio de uso de suelo hacia la ganadería y otras actividades que degradan la cobertura forestal, y buscar las alternativas económicas para el manejo sostenible de los bosques debería ser un asunto de prioridad nacional.

Se han llevado a cabo numerosas iniciativas internacionales sobre asuntos forestales como el Foro Intergubernamental forestal (IFF), y varias convenciones regionales relacionadas directa e indirectamente con la necesidad de un mejor uso de los recursos forestales en el mundo.

En la práctica, los países de la región escasamente han comenzado a aplicar las políticas, planes de acción y programas expuestos en las convenciones, dice el PNUMA.

El organismo expresa que casi la mitad de la cubierta boscosa original de la tierra ha desaparecido, la mayor parte destruída durante las últimas tres décadas.

Solamente entre 1980 y 1990 se perdieron en América Latina y el Caribe un total de 61 millones de hectáreas de cubierta boscosa, las pérdida de bosques más importantes del mundo, dice el organismo en un documento de la Unidad de Recursos naturales.

Expresa que las principales causas de la deforestación van desde la expansión de las fronteras agrícolas, la tala y la explotación de minerales, hasta el desarrollo de infraestructuras, los poblados y los incendios.